De los 18 ministros con los que contó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su última legislatura (2008-2011), solo la exresponsable de la cartera de Cultura, Ángeles González-Sinde, no ha renunciado a la indemnización por cese. El último Gabinete de Zapatero parece que ha sido sensible al contexto de crisis económica que atraviesa el país en los últimos años.
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El pasado mes de julio se aprobó el Real Decreto Ley 20/2012 que estableció la imposibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión indemnizatoria por cese de actividad de ex altos cargos con cualquier otra remuneración. Es decir, que los altos cargos salientes del Estado tenían que elegir entre cobrar durante dos años el 80% de su sueldo o renunciar a la indemnización para dedicarse a otra actividad remunerada, seguramente más suculenta en la empresa privada. Esta medida supondrá un ahorro de 4,8 millones de euros, según informó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sinde cobrará por estos dos años unos 110.370 euros En el caso de la exministra González-Sinde, cineasta de profesión, su rechazo a renunciar a la compensación es debido a que tiene muy limitadas sus posibilidades laborales durante dos años. Este es el periodo de duración de la incompatibilidad para trabajar en áreas con las que haya tenido relación cuando era ministra. Sinde cobrará por estos dos años unos 110.370 euros. El resto de sus excompañeros sí decidieron renunciar a la prestación, como Elena Salgado, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, que fichó como consejera de Chilectra, una empresa filial de la eléctrica Endesa.
En el caso de Salgado no existen incompatibilidades para asesorar a la empresa chilena porque su actividad no radica en España. Pero no solo Ángeles González-Sinde decidió cobrar la pensión compensatoria. En total, de los 85 ex altos cargos que tenían derecho, 64 no la cobrarán. De ellos, 34 comunicaron su intención de no percibirla. El resto, 30, no han contestado y se da por entendido, por imperativo legal, que también han renunciado a su cobro.
Entre los 21 ex altos cargos que sí han decido cobrar la prestación compensatoria se encuentran importantes personalidades de la política nacional como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y José Bono, expresidente del Congreso.
MAFO: 11.000 euros al mes
Fernández Ordóñez percibirá el 80% de su sueldo durante los próximos dos años, lo que supone un importe de 264.000 euros. Cada mes cobrará 11.000 euros. Además, dispondrá durante este tiempo de un despacho y secretaria. Por su parte, Bono cobrará en total 170.128 euros, según publicó ayer eldiario.es, que adelantó que la mayor partida de los presupuestos del Congreso para el próximo año, unos 18.700.800 euros, corresponde a los sueldos de sus señorías.
La mayor partida de los presupuestos del Congreso va destinada a sueldos de sus señorías También tendrán su pensión compensatoria María Luisa Cava de Llano, ex Defensora del Pueblo, y Manuel Núñez, expresidente del Tribunal de Cuentas. Ambos percibirán 180.00 euros, según aprobó la semana pasada la Mesa del Congreso, que rechazó la de Ubaldo Nieto, antecesor en el cargo de Núñez. La petición de Nieto se desestimó porque su cese no era reciente, pues dejó de ser presidente hace ya cinco años y los derechos indemnizatorios prescriben a los cuatro.
El sospechoso 'no' de Dívar
Uno de los que también estaba dispuesto a cobrar la compensación era el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar. A Dívar le correspondía una indemnización de 208.243 euros, pero finalmente renunció. Y es que el expresidente del órgano de los jueces saltó a la arena mediática tras una denuncia del vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez debido a los gastos derivados de una veintena de viajes de fin de semana a Marbella durante los últimos tres años. Benítez dijo que Dívar cargó al presupuesto del CGPJ un total de 5.658 euros. Dívar, que negó la irregularidad, dimitió el 21 de junio.
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