La oleada de inmigrantes ilegales que han llegado a los países del sur de la Unión en frágiles embarcaciones ha puesto la cara a un problema en el que los Veinticinco tienen políticas divergentes, y ha desatado varios enfrentamientos entre los estados miembros sobre cómo gestionar el asunto.
Los 25 ministros de Interior reunidos en Luxemburgo admitieron la necesidad de una 'adecuada respuesta europea' a lo que calificaron de crisis humanitaria provocada por la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias, a Malta, Italia y las islas griegas.
'Esta respuesta debe estar (...) basada en los principios de una solidaridad europea tangible, con un reparto equitativo de las responsabilidades', declararon en un comunicado.
Además pidieron a la Comisión Europea que estudie incrementar la financiación y la dotación de personal de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), que está coordinando una misión de patrullas europeas en las aguas entre Canarias y los países del oeste de África.
Los ministros acordaron establecer un mecanismo para intercambiar información sobre las decisiones nacionales que afecten a la inmigración y a las políticas de asilo.
Esto se debe a las críticas lanzadas a España, en especial por los países nórdicos, tras la legalización de unos 600.000 inmigrantes que llevó a cabo el Gobierno socialista el año pasado en un intento de frenar la avalancha, pero los críticos sostienen que sólo ha servido de 'efecto llamada'.
En cambio, los países del sur afirman que sus vecinos del norte han sido lentos a la hora de ayudarles con un problema que a la larga acaba afectando a todos.
Más de 23.000 africanos han llegado al archipiélago canario este año, cinco veces más que en todo 2005. Además se estima que miles más han muerto en la peligrosa travesía.
El jueves, los 11 supervivientes de una patera dijeron que 20 de sus compañeros murieron al hundirse su embarcación, informaron medios locales, sin que las autoridades pudieran confirmar el dato.
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