El proyecto de Ley de Dependencia, aprobado en el Congreso, configurará una sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, entre ellos más de un millón de mayores o discapacitados en situación difícil, de las cuales casi 600.000 serán atendidas entre 2007 y 2009.
- En vigor. Se aplicará de forma gradual el 1 de enero de 2007.
- Primeros beneficiarios. En 2007 más de 200.000 personas se beneficiarán de estas ayudas. Son los ciudadanos en situación de dependencia grave, que necesitan ayuda las 24 horas del día.
- Tipos de dependencia. A parte de los dependientes grandes, hay dos tipos más. Los severos, que necesitan ayuda dos o tres veces al día. Y los moderados, sólo una. Entre 2008 y 2010 el sistema asistirá a 373.000 dependientes severos.
- Dinero estatal. El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. El año que viene serán 400 millones, incrementándose hasta los 2.212 millones en 2015. El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado.
- Copago. El sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015, y su financiación recaerá en las comunidades autónomas, Administración Central y usuarios, que pagarán en función de su renta.
- Asignación. Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas.
- Opciones de ayuda. El catálogo incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar. Todas estas prestaciones podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas.
- Ayudas a familias. Los cuidadores familiares (no profesionalizados) podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social. Otra posibilidad será la suscripción de un seguro privado, lo que conllevará beneficios fiscales.
Servicios concertados
Además, la ley contempla la concertación de servicios entre el sector público y las empresas privadas, aunque las Administraciones Públicas serán las encargadas de la gestión y de garantizar la calidad y el control de los recursos públicos.
No se prevé crear una red pública de centros, sino aprovechar y extender la ya existente y hacer compatible la prestación pública de servicios y la concertación con centros privados que cumplan los requisitos de calidad que se exijan.
Evaluación de solicitudes
Una vez que se apruebe la ley en el Senado, cientos de miles de personas serán evaluadas, a petición propia o de oficio, en sus hogares para poder conocer su grado de dependencia y determinar qué ayuda precisan.
Dicha valoración se hará aplicando un baremo, que deberá aprobar el Gobierno con el rango de normativa básica, y que permitirá discriminar por criterios objetivos el nivel de dependencia de cada persona.
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