El juez obliga a la familia de Publio Cordón a pagar las costas del incidente de nulidad

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha desestimado la petición de nulidad de las diligencias efectuadas el pasado julio en relación con el secuestro del Publio Córdón, una solicitud de la familia del empresario zaragozano, a la que obliga a pagar las costas del incidente.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto dictado este jueves en el que además rechaza los recursos de reforma interpuestos por la familia del Cordón -que ejerce la acusación particular- y la Fiscalía contra su decisión de acordar prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para los miembros de los GRAPO Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa Cecilio, detenidos en julio por su relación con el secuestro.

Para rechazar la petición de nulidad, Gómez Bermúdez sostiene que no existe "indefensión de la acusación particular", tal y como denunció en su solicitud, que sustentó en la falta de notificación del auto en el que se decretaba el secreto de las actuaciones.

No existe "indefensión de la acusación particular", según el magistrado "No se alcanza a entender qué interés podía tener la acusación particular en impugnar la declaración de secreto, con riesgo para el buen fin de la investigación", subraya el juez, que añade que tampoco comprende "qué perjuicio se le ha irrogado con ella", pues considera que se ha producido un avance en las pesquisas" y se han obtenido "nuevas pistas" sobre el paradero de Cordón.

Gómez Bermúdez añade que "por imperativo legal las costas del incidente han de ser impuestas a la parte instante", según el artículo 241.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Respecto a los recursos de reforma, el magistrado los rechaza al estimar que en el caso de Ontanilla Galán y Sarasa Cecilio "no existe un solo indicio en el procedimiento sobre su intervención en el diseño, planificación y/o ejecución del secuestro y posterior desaparición" del empresario.

El juez recuerda que ambas imputaciones se sustentan en "una única fuente de prueba", que son las declaraciones del "testigo protegido 'Alfa', es decir, de Fernando Silva Sande", uno de los responsables del secuestro.

Un mes después de imponerle una fianza a Ontanilla Galán, Gómez Bermúdez la envió a prisión por un delito depósito de armas y explosivos ya que sus huellas han aparecido en un zulo de la banda localizado en Francia.

Esa decisión se produjo en el marco de una nueva causa incoada por el juez tras comprobar que el perfil genético aparecido en una cinta adhesiva que sujetaba dos cajas de municiones en el citado zulo corresponden a las de la miembro de los GRAPO.

En julio también envió a la cárcel a María Victoria Gómez Méndez, que fue detenida en el centro penitenciario de Cáceres, en el que se encuentra interna desde 2000, y que se la relaciona con el alquiler de la vivienda donde fue retenido el empresario en junio de 1995, su custodia y posterior enterramiento.

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