En enero de 2000, los técnicos municipales realizaron una medición sonora en viviendas de este patio interior y constataron que se superaban «los niveles sonoros admisibles», por lo que había que adoptar «medidas correctoras, como por ejemplo restringir el horario de la actividad», según los informes a los que ha tenido acceso 20 minutos. «Los técnicos nos dijeron que el ruido que hay en mi casa es una locura», añade Loli.
La paciencia se agota
Un año después, las molestias continuaban y los vecinos recurrieron a la Conselleria de Medio Ambiente, organismo que remitió un escrito al Ayuntamiento instándole, de nuevo, a adoptar «las medidas oportunas».
«Pero todo siguió igual», comenta la vecina. Sin embargo, la paciencia de los residentes está llegando a su fin y tienen casi decidido denunciar al Ayuntamiento de Valencia «por los daños y perjuicios sufridos durante estos seis años».
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Otras tres condenas por el jaleo
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Valencia debe hacer frente a un problema particular de ruido. El pasado mes de julio, el juez obligó al Consistorio a pagar 12.000 euros a una familia de Campanar a la que los ruidos de una pizzería les impedían dormir. Además, los tribunales europeos también dieron la razón a una vecina de San José a la que el Consistorio tuvo que indemnizar por no restringir el ruido en su barrio. Los tribunales valencianos también han condenado al Consistorio a declarar el área de Blasco Ibáñez-Menéndez Pelayo como zona acústicamente saturada (ZAS), pero las medidas para atajar el jaleo todavía no están concretadas.


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