El senador de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha presentado este viernes en el Juzgado de Instrucción de Medio Cudeyo, en Cantabria, una denuncia por la muerte el día 26 de agosto de 2012 en el río Pas de "35 salmones, cuarenta truchas y un número indeterminado de alevines y de piscardos", en el tramo conocido como Coto de Puente Viesgo, sito en el municipio de Puente Viesgo (Cantabria).

Según informó el partido, a juicio del denunciante, "tales hechos revisten indiciariamente los caracteres de un delito relativo a la protección de la fauna y del medio ambiente, tipificado y penado en los artículos 325-1º, 334, 336 y 339 del Código Penal sobre protección de la fauna y el medio ambiente".

El senador considera que "la masacre de salmones que se produjo en el río Pas era previsible, como advirtió el pasado día 2 de agosto por medio de preguntas parlamentarias del grave peligro del furtivismo fluvial que amenazaba seriamente la población de salmones de los ríos del Norte de España.

Oblanca señala que la catástrofe ecológica de Puente Viesgo "es otra más de las que se vienen repitiendo año tras año, cuando finaliza la temporada de pesca, cuando ya no hay pescadores en las orillas de los ríos para protegerlos y cuando llega el estiaje, sin que las autoridades competentes en la protección de la fauna fluvial tomen en serio la amenaza de los depredadores fluviales que campan impunemente y adopten las medidas pertinentes para evitar su acción criminal".

Lamenta que "las autoridades competentes prefieren escurrir el bulto y culpar al pescador del descenso de la población del salmón y de la trucha en los ríos de Galicia, de Asturias y de Cantabria cuando, paradójicamente, las truchas y los salmones solo están protegidos de los depredadores más dañinos cuando hay pescadores en las riberas". Así, indica que la mejor prueba de ello es que "la masacre de Puente Viesgo se produjo dos meses después de terminarse la temporada legal de pesca en el río Pas".

El representante de Foro en la Cámara Alta defiende que la investigación del posible delito ecológico "tiene que dirigirse prioritariamente a descubrir lo antes posible a su autor o autores materiales y, complementariamente, a depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir por negligencia, en su caso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico", que son los organismos públicos que tienen asignadas las competencias en materia de vigilancia y control del medio ambiente fluvial.