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Unos 800 empleados públicos forman una cadena humana ante el Parlamento en defensa de los servicios sociales

Unos 800 miembros de la Coordinadora de Trabajadores Públicos de la Macarena, formada por trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Hospital Virgen Macarena, la Cámara de Cuentas, el Parlamento de Andalucía y los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, han protagonizado este viernes en Sevilla una acción protesta en la que han realizado una cadena humana, que unía el Hospital Virgen Macarena con el Parlamento andaluz para defender los servicios sociales.

Unos 800 miembros de la Coordinadora de Trabajadores Públicos de la Macarena, formada por trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Hospital Virgen Macarena, la Cámara de Cuentas, el Parlamento de Andalucía y los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, han protagonizado este viernes en Sevilla una acción protesta en la que han realizado una cadena humana, que unía el Hospital Virgen Macarena con el Parlamento andaluz para defender los servicios sociales.

Fuentes del colectivo han señalado a Europa Press que la acción se ha desarrollado sin incidentes para "llevar hasta la distante clase política los graves problemas y las consecuencias que están sufriendo los trabajadores y los servicios públicos sanitarios, sociales y educativos motivados por las injustas políticas de recortes practicadas por los gobiernos nacional y andaluz".

Asimismo, aseguraron en una previa que "esta acción es la culminación de los actos reivindicativos que vienen repitiéndose todos los viernes de los meses de julio y agosto, en señal de protesta por los abusivos recortes salariales y laborales que los gobiernos de Andalucía y España están imponiendo a los funcionarios y empleados públicos".

En este sentido, han apuntado que los recortes "no solo afectan a los trabajadores", sino que "unido a la disminución en los presupuestos para la prestación de los servicios públicos y a una brutal campaña de desprestigio de todo lo público, están suponiendo una merma importante en la calidad de la atención sanitaria, educativa y social a los ciudadanos y un primer paso para la privatización en beneficio de las grandes corporaciones y empresas".

Por ello, los trabajadores públicos han exigido "la restitución de todos los derechos laborales y un giro en las soluciones políticas y económicas de ambos gobiernos, de tal forma que dejen de gobernar para los intereses de bancos, corporaciones y los mercados", al tiempo que han exigido "una política valiente hecha para los ciudadanos, en defensa y mejora del estado del bienestar".

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