La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera que la exclusión de las personas en situación irregular de la atención sanitaria es "moralmente intolerable", y además, condiciona la calidad democrática y los valores humanitarios de nuestra sociedad. Además, estima que esta reforma no va a tener un impacto significativo en la reducción del gasto, ya que las personas inmigrantes "no son las responsables del déficit sanitario".

El próximo día 1 de septiembre entra en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular; según recuerda en un comunicado la APDHA, asociación que entiende que las medidas del Gobierno suponen "un ataque en toda regla" al conjunto de derechos sociales en este país que está teniendo ya un impacto "terrible" en los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad española.

Califican de "indigno" que estas medidas se estén tomando para "salvar a la banca" y "garantizar los beneficios de todos los especuladores que se han enriquecido indecentemente y se siguen enriqueciendo a costa de la mayoría de la población".

Entre esos sectores más desprotegidos y vulnerables, según añaden desde la APDHA, se encuentran las personas residentes en el país que no tienen la documentación regularizada, y que a partir de ahora se van ver excluidos "de forma inhumana" del derecho a la salud, "violentando cualquier ética o solidaridad que debieran formar parte de sociedades llamadas democráticas".

Asimismo, consideran que es una medida que tiene "un claro sesgo ideológico", al decir que son las personas inmigrantes "los responsables del déficit sanitario", cuando, según la asociación, todos los estudios y las estadísticas de las propias Comunidades Autónomas indican "que los inmigrantes en general y en particular los indocumentados hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales". Por ello, aseguran que se trata de una disposición que tiene "un marcado carácter discriminatorio y segregacionista".

Asimismo, califican esta reforma de "injusta y arbitraria". Primero, porque se trata de un colectivo "porcentualmente reducido" —unas 150.000 personas en toda España y entre 25.000 y 30.000 personas en Andalucía—. Y, segundo, por la ya señalada reducida utilización del sistema por parte de los inmigrantes.

En cambio, apuntan que sí puede tener "graves repercusiones negativas" para el sistema, como una "mayor saturación" de los servicios de urgencia, y sobre todo para la salud pública, "porque este tipo de medidas segregacionistas puede provocar que determinadas enfermedades infecciosas se propaguen a toda la población, al no ser tratadas ni controladas".

Pero sobre todo, según la APDHA, la padecerán las propias personas inmigrantes que sufrirán un agravamiento en su estado de salud por enfermedades fácilmente curables en su estadio inicial, o simplemente "verán comprometida su supervivencia" cuando estén afectados de enfermedades graves, crónicas o que requieran un tratamiento prolongado en el tiempo.

Finalmente, aplauden que en la comunidad andaluza, tanto el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, como la Consejera de Salud, María Jesús Montero, hayan indicado que Andalucía va a garantizar el acceso a la salud a las personas inmigrantes sin documentación; aunque lamentan que a dos días de que entre en vigor el Decreto Ley, "no se hayan dado instrucciones claras de cómo esto se va a llevar a cabo de forma efectiva".

Ante esta situación, la APDHA aboga por que todos los usuarios puedan obtener la tarjeta sanitaria como hasta ahora, para que la atención que reciban "no quede a merced de la persona que los atienda en el centro de salud".