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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha abierto una investigación para aclarar si el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, incurrió en un delito de revelación de secretos al ofrecer información sobre el caso del secuestro de Publio Cordón.
Según consta en una providencia notificada este miércoles, el magistrado ha pedido a las televisiones que le entreguen, "en un plazo inexcusable de 10 días", copias de la rueda de prensa que el titular del departamento ofreció el pasado 19 de julio para explicar el hallazgo de la casa de Lyon en la que estuvo retenido el empresario zaragozano y su posterior muerte.
Esta medida forma parte de las diligencias que Gómez Bermúdez ya abrió el 21 de julio por por la publicación en los medios de comunicación de diversos datos relacionados con el secuestro del empresario zaragozano en junio de 1995.
El juez pide asimismo al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y a su jefe del Servicio de Información, Faustino Álvarez Sola, que identifique, en el plazo de cinco días, "quiénes le dieron la información, verbal o escrita" del resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión "y a quién las transmitió".
Y ello "con el fin de determinar si existe base para estimar indiciariamente si se ha cometido un delito, el de revelación de secretos, y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados en la que se dieron datos protegidos por el secreto de sumario", subraya el escrito.
Gómez Bermúdez reclama además al jefe del Servicio de Información que "identifique, con el número de su carné profesional si fuese miembro de las fuerzas de seguridad y nominalmente en otro caso", a la persona que informó "a las autoridades del Ministerio del Interior" sobre el resultado de la investigación.
"Armario zulo cerrado"
En la rueda de prensa del pasado 19 de julio, Fernández Díaz dio por esclarecido el caso tras conocerse que Cordón falleció en un piso de Lyon (Francia) tras quince de días de cautiverio al intentar huir por una ventana después de haber estado encerrado en un "armario zulo cerrado con una cadena" de la segunda planta de la vivienda.
Dos días después de esa comparecencia, el juez abrió una investigación por un posible delito de revelación de secretos por la publicación en los medios de comunicación de diversos datos del caso y que aparecían en el sumario de una comisión rogatoria internacional que era secreta.
Por ello, solicitó a la Guardia Civil que informara sobre "la cadena de custodia" de esta comisión rogatoria desde su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas y si se hizo alguna copia de la misma distinta a la que le fue entregada al Juzgado.
El Instituto Armado le entregó entonces el informe original de la comisión rogatoria practicada en Francia en relación con el secuestro del empresario, la cual precipitó la detención de José Antonio Ramón Teijelo, María Victoria Gómez Méndez, Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa.
Informó así al juez del vuelo en el que llegó el informe, así como del agente que recogió los documentos en el aeropuerto de Madrid y los trasladó al Servicio de Información de la Guardia Civil antes de remitirlos a la Audiencia Nacional.
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