El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha denunciado el incumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en el momento de la firma de los contratos con Santiago Calatrava para los proyectos de L'Àgora y de las Torres de Cacsa por la falta de informes, según ha indicado EUPV en un comunicado.

Blanco ha recordado que "por ese mismo hecho, la ausencia de informes previos a la contratación", están imputados varios ex altos cargos de Cacsa en el caso Nóos que instruye el juez Castro en Palma.

"Aunque en el caso de Calatrava —ha añadido— el delito podría haber prescrito, saltarse a la torera la normativa de contratación se trataría de un hecho políticamente muy grave, del que el Consell debe dar explicaciones", ha indicado Blanco. El portavoz ahora entiende por qué no pudo ver toda la documentación administrativa que había solicitado a Cacsa "porque probablemente no existe".

Blanco ha comentado que cuando le dieron acceso a la documentación solicitada "hace casi un año", descubrió que faltaban los informes previos y sobre ello formuló una pregunta escrita a la consellera de Turismo. "Me dio una respuesta enrevesada, pero que tiene una traducción muy clara: los informes no eran preceptivos hasta la modificación de la Ley en 2004 pero sí en 2005, cuando se firmaron los últimos dos contratos de Cacsa con el arquitecto suizo-valenciano, que sí debían haber sido informados previamente", ha explicado Blanco.

El diputado de EUPV formuló el pasado 14 de mayo una pregunta escrita a la consellera de Turismo, Cultura y Deporte sobre la existencia de informes previos a los contratos para la redacción de proyecto, la dirección de obra y la construcción de los distintos edificios de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, dado que dichos documentos no le habían sido facilitados en su visita del pasado mes de abril, correspondiente a una solicitud formulada el 20 de diciembre de 2011.

Concretamente, Ignacio Blanco preguntaba si existían dichos informes previos, y si "en caso de existir por qué motivo no se habían puesto a su disposición, y en caso de no existir por qué motivo no se habían elaborado en su momento".

Blanco ha indicado que "como es habitual en el Consell", la respuesta de la consellera Lola Johnson "no aclara" muchas de las cuestiones planteadas y "simplemente" trata de justificar la ausencia de informes previos a la contratación en la legislación vigente en cada momento.

Así, argumenta que hasta el año 2004 la normativa de aplicación era la Disposición Adicional 6ª de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que suponía la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, no fijando el contenido de los expedientes de contratación para sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público.

Es a partir del año 2004, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 62/2003, cuando se marca un eje divisorio en la normativa aplicable a entidades como Cacsa, resultando de aplicación cuando se superan determinados umbrales lo que dispone el artículo 2.1 de la LCAP (esto es, que se les aplican todas las prescripciones de la ley, que incluyen la exigencia de informe previo dentro del expediente de contratación).

A continuación, Lola Johnson afirma que "los expedientes de las contrataciones formalizadas a partir de esa fecha incorporan los informes previos a los mismos" y que "los informes que se encuentran en esa situación fueron puestos a su disposición (del diputado) el pasado 30 de abril".

"falta a la verdad"

Según Blanco, la consellera de Turismo "falta absolutamente a la verdad", como queda acreditado en las diligencias de comparecencia y de retirada de documentos firmadas por él mismo y por personal responsable de Cacsa en la fecha citada.

Al diputado no se le facilitó ningún informe previo a ninguno de los contratos correspondientes a L'Hemisfèric, el Museu, L'Umbracle, el Palau de l'Òpera y L'Oceanogràfic, todos ellos previos a la modificación legal de 2004.

Respecto a los dos proyectos posteriores (L'Àgora y las Torres) se le facilitaron los informes previos a la contratación de las UTEs encargadas de la construcción, pero no de los contratos con Santiago Calatrava, pese a que por su tipología e importe sí que les era de íntegra aplicación la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

"Se ve que el trato de favor al arquitecto pudo sobrepasar los límites legales", ha comentado Blanco, quien ha anunciado que volverá a preguntarle por este tema a la consellera Johnson, "esta vez de manera oral en las Corts Valencianes, para comprobar si es capaz de seguir manteniendo la mentira o reconoce la ausencia de unos informes previos que eran obligatorios legalmente".