La fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado la libertad condicional de Josu Uribetxebarria Bolinaga, que había obtenido el tercer grado penintenciario.
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Aduce que su estado de salud por el cáncer que padece no es "claramente terminal" ni "se encuentra en el último periodo de su vida". El informe sostiene que "carece en el momento actual de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal".
La última palabra la tiene el juez de vigilancia penitenciaria y nos sometemos a lo que decida Interpelado al respecto Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, ha asegurado que "nosotros hemos cumplido la ley, la última palabra la tiene el juez de vigilancia penitenciaria y nos sometemos a lo que decida, ya que él es el único competente para excarcelar o no a un penado, terrorista o no".
El ministro del Interior, aseguró el pasado jueves que aunque fue “muy doloroso” conceder el tercer grado al preso etarra y entiende las críticas de las víctimas, fue una decisión sometida “al imperio de la ley” y la contraria hubiera sido prevaricación.
Uribetxebarria Bolinaga, ingresado en el Hospital Donostia y aquejado de cáncer, había decidido justo el día anterior abandonar la huelga de hambre que comenzó quince días antes.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concedió el viernes 17 de agosto a Uribetxebarria Bolinaga el tercer grado basándose en un informe clínico que la fiscalía solició con posterioridad que se ampliara, ya que no contaba con firma de "personas concretas", "historia clínica" ni con "antecedentes". Según la fiscalía, ese informe médico tiene carácter "privado".
Cuando recibió el tercer grado, el etarra ya llevaba diez días en huelga de hambre. Una decisión que siguieron alrededor de 273 presos, entre ellos el histórico etarra "Pakito", para pedir la excarcelación del preso enfermo, sobre la que deberá pronunciarse la Audiencia Nacional, y de otros trece presos más.
Este sábado el colectivo Herrira convocó una jornada de ayuno de apoyo a los presos de ETA, para exigir su excarcelación a la que se sumó el diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo y dos diputados forales de Gipuzkoa
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