Una ley que restringe los derechos de los presuntos terroristas

El Senado de EEUU aprobó ayer un proyecto de ley que establece tribunales militares para juzgar a los extranjeros detenidos en la lucha antiterrorista, en una clara victoria política para la Casa Blanca.

Los principales elementos del proyecto de ley, que también fue aprobado por la Cámara de Representantes el miércoles y que el presidente George W. Bush firmará hoy, son:

- Amplía la definición de "enemigos combatientes" a toda persona que dé apoyo material y financiero a grupos terroristas.

- Fija los parámetros para la detención e interrogatorios de los sospechosos en la lucha antiterrorista.

- Establece los tribunales militares para juzgar a terroristas implicados en atentados contra Estados Unidos, bajo cargos de crímenes de guerra.

- Los tribunales militares estarán conformados por cinco jueces, o doce en casos que puedan conllevar la pena de muerte.

- Los detenidos tendrán derecho a un abogado, pero no podrán impugnar su detención en tribunales civiles estadounidenses.

- Permite que la acusación argumente "privilegio de seguridad nacional" para impedir la divulgación de información y pruebas secretas durante un juicio.

- Los acusados tendrán acceso limitado a las pruebas, pero recibirán un resumen de las pruebas que no estén vinculadas con informaciones secretas.

- Permite que se condene a un detenido con base en pruebas "de oídas", si el juez determina que esas pruebas son fiables.

- Permite el uso de información obtenida mediante métodos coercitivos, especialmente si el juez la considera fiable y si esa información se obtuvo antes de 2005, cuando una ley federal prohibió el trato cruel o degradante de los detenidos.

- Define una lista de crímenes calificados como "graves violaciones" de las convenciones de Ginebra, entre ellos la tortura, el trato "cruel" o "inhumano", mutilaciones y graves lesiones físicas.

- Define las obligaciones de Estados Unidos bajo las convenciones de Ginebra.

- Permite que el presidente de EEUU interprete el significado y aplicación de las convenciones de Ginebra mediante una orden ejecutiva que además autorice los métodos usados en contra de los detenidos.