Recio dice que "nada tiene que ver" la legalidad del sistema de ayudas de ERE con los "abusos" en su aplicación

Recio dice que "nada tiene que ver" la legalidad del sistema de ayudas de ERE con los "abusos" en su aplicación

Asegura que los intrusos son fruto de un "abuso de confianza" y que las ayudas concedidas son "discrecionales, pero no arbitrarias"

El exconsejero de Empleo de la Junta Manuel Recio ha defendido que "nada tiene que ver" la legalidad del sistema de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, que ha defendido, con los "abusos" que hayan podido producirse en su aplicación y que tienen que investigarse "hasta las últimas consecuencias", al objeto de que "nadie quede sin castigo" y se pueda recuperar "hasta el último euro".

Así se ha pronunciado el exalto cargo andaluz entre 2010 y 2012, quien ha abierto este lunes la quinta jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza.

Recio ha explicado durante su intervención "el plan de acción" llevado a cabo por su departamento para determinar las irregularidades en los expedientes y la modificación que se realizó en el procedimiento de ayudas, —con la creación de un nuevo marco regulador—, al tiempo que ha defendido la "total colaboración" con la Justicia.

"No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración de la verdad", ha señalado Recio, quien ha querido dejar claro que el 97 por ciento de los expedientes tramitados por la Junta entre 2001 y 2010 no presentan ninguna irregularidad, pese a que no le quita importancia al tres por ciento restante.

El exconsejero de Empleo ha insistido en el "compromiso" de la Junta en el esclarecimiento de la verdad, siendo "la primera" en denunciar los hechos ante la Justicia, frente a los "intereses espurios" de algunas formaciones políticas. Según ha apuntado, la Junta ha enviado más de 200.000 folios de documentos al Juzgado, con las copias completas de expedientes e informes internos.

Tras apuntar que el procedimiento de concesión de ayudas ha sido "legal desde el principio" y sometido a los "preceptivos controles", Recio ha señalado que estos fondos sociolaborales en ningún caso han sido "opacos" y que su consignación presupuestaria estaba aprobada por el Parlamento. "Se trataba de una partida con nombres y apellidos, la 31L, gestionada con procedimientos establecidos al amparo de la normativa legal, y que han avalado los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", ha apostillado.

Recio, que ha destacado las numerosas intervenciones que realizó en el Parlamento siendo consejero sobre este asunto y las 389 preguntas escritas y 45 orales que respondió al respecto, ha señalado también en su intervención inicial el apoyo que durante este tiempo ha recibido del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, así como también de la Consejería de Empleo, desde donde se ha trabajado de manera "leal y fiel a la verdad".

Asegura que siempre se atendió a los informes de intervención

Ya en el turno de preguntas, el exconsejero le ha trasladado a la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, su convencimiento sobre que los intrusos se introdujeron en algunos expedientes de regulación de empleo, fruto de "un abuso de confianza" de determinadas personas. También le ha señalado que desde su departamento "siempre" se tuvo en cuenta todas las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Junta. "A todas les hemos hecho caso", ha indicado.

Asimismo, Doblas ha sido bastante dura en su intervención, considerando "una porquería" el control de fiscalización previa de los fondos por parte de la Junta. "Nos da la sensación que ha sido una especie de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como", ha apuntado la diputada de IULV-CA. Si bien, Recio ha defendido estos controles previos, así como también el control financiero permanente.

El exconsejero, también a instancia de una pregunta de IULV-CA, ha indicado que como consejero no era la persona competente para establecer las responsabilidades políticas que hubiera podido haber y que tiene el convencimiento que sus antecesores en el cargo actuaron de "buena fe". También ha explicado que hay un procedimiento abierto para el reintegro de las cuantías que sean irregulares.

La portavoz del PSOE-A, Antonia Moro, ha preguntado a Recio sobre una reunión que tuvo lugar en su consejería en el mes de noviembre y sobre la que se ha dicho que tuvo como objetivo "la reconstrucción y eliminación de expedientes", algo que ha sido tajantemente negado por el exconsejero, quien ha explicado que dicha reunión se convocó a raíz de tener conocimiento sobre posibles irregularidades en Mercasevilla.

"Pedí al viceconsejero y al director general que verificaran dichas noticias y que no solo miraran ese caso concreto, sino también que vieran si podría haber más casos irregulares", ha afirmado Recio, quien ha querido dejar claro que en ningún momento dio la orden de modificar o destruir expedientes. "Si lo hubiera hecho no habría post-it o servilletas junto a algunos expedientes", ha subrayado.

También ha negado, a preguntas del PSOE-A, haber recibido ni dado ninguna instrucción para la concesión de una ayuda sociolaboral, así como tampoco que se haya hecho una investigación desde el punto de vista político en relación a la afiliación política de los intrusos. "No creo que ello sea relevante y supongo que habrá personas de todas las filiaciones políticas y sindicales", ha afirmado Recio.

Critica el uso "electoral" hecho por el pp-A

Tras rechazar también que el proceso de concesión de ayudas haya sido "arbitrario", aunque sí "discrecional", el exalto cargo andaluz ha afirmado que "el fin no justifica los medios", acusando así al PP andaluz de utilizar "electoralmente" el caso de los ERE para intentar acceder a la Presidencia de la Junta. Así, ha dicho no entender que cuando en un 97 por ciento de los expedientes todo está correcto, "se pueda decir que en diez años todo estaba mal".

La portavoz del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, que ha comenzado su intervención considerando que Recio se había presentado ante esta comisión como un "justiciero", pero que es conocedor de la trama "desde el minuto uno", ha señalado el hecho de que el exconsejero se encontrara una caja fuerte en su despacho al inicio de su mandato y que lo pusiera en conocimiento de la Guardia Civil "porque se asustó".

A este respecto Recio ha explicado que no sólo se encontró la caja fuerte sino una cámara de videovigilancia y que, ante su "incredulidad", lo puso en conocimiento de la autoridad competente, al tiempo que pidió la llave de la caja fuerte, comprobando finalmente que estaba "vacía". Si bien, según ha explicado, el informe realizado por la Policía sobre este asunto determinó que la cámara de videovigilancia y la caja fuerte estaban allí porque en algún momento del pasado hubo "algún objeto de valor".

Recio, que ha criticado que el PP-A se refiera en sus preguntas a la partida 31L como 'fondo de reptiles', ha insistido en que se trataba de ayudas "excepcionales y discrecionales" concertadas con sindicatos y empresarios. "No se publican porque son ayudas individuales, pero aparecen en el Presupuesto de la Junta", ha manifestado el exconsejero, quien también ha señalado que la Intervención no puso ningún reparo a las subvenciones excepcionales.

Ruiz-Sillero ha acusado a Recio de "mentir" sobre que venía de Almería el fin de semana de noviembre que se celebró una reunión en la Consejería, "cuando estaba en los carnavales de Málaga". Además, la diputada 'popular' ha asegurado que se hizo "una purga" de expedientes y que en esa reunión no había funcionarios, "sino gente de confianza".

En su turno final, Recio ha acusado al PP de "juzgar inquisitorialmente" y ha lamentado el "daño" hecho a las personas de buena fe beneficiadas de ayudas sociolaborales y que "están siendo señaladas en las calles de sus pueblos, como si hubiera hecho algo malo".

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