Según la información remitida por la Administración andaluza a Europa Press, basada en datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), con datos del primer trimestre de 2012, en España se contabilizan 3.190.000 asalariados en el sector público, lo que supone 65,7 empleados públicos por cada mil habitantes, siendo este ratio inferior al de casi la totalidad de los países de la Unión Europea (UE).

Un análisis más detallado de la configuración de este empleo público se puede realizar a partir de los datos del Registro Central de Personal del Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. Hay que señalar que estos datos no incluyen a los altos cargos, personal laboral con contrato de trabajo de duración determinada no superior a seis meses, o los que prestan sus servicios en los órganos constitucionales ni el Consejo de Estado. Además, en el caso de las comunidades, tampoco se recogen a los trabajadores de entes públicos empresariales.

Según la última información disponible (julio de 2011), la mitad de los efectivos del sector público en España presta sus servicios en las administraciones de las Comunidades Autónomas (50,1%), en torno a una cuarta parte (24%) en la Administración Local, aproximadamente un 20 por ciento en la Administración Pública Estatal, y el cuatro por ciento restante, en las Universidades.

Esta distribución se deriva del reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas, de forma que el 43,9 por ciento del personal de la Junta de Andalucía presta sus servicios en la docencia no universitaria, y un 37,9 por ciento en instituciones sanitarias. El resto, corresponde a efectivos de las Consejerías y Organismos Autónomos (15%), y Administración de Justicia (3,3%).

Por tanto, España es uno de los países de la Unión Europea con menos empleados en el sector público por habitante; Andalucía se encuentra en el grupo de comunidades que menos empleo público tiene en relación a la población; y de los efectivos del sector público en la Comunidad Autónoma Andaluza, la mitad presta sus servicios en la Junta de Andalucía, y de éstos, el 80 por ciento trabaja en educación no universitaria y sanidad.