El gobierno belga ha tardado tres meses en darse cuenta que el consorcio bancario internacional Swift, con sede en Bruselas, violó las leyes del país cuando permitió a Estados Unidos el acceso a los datos privados de sus usuarios, dentro de lo que elpaís norteamericana llama 'lucha contra el terrorismo' .
No respetó sus obligaciones en virtud de la legislación belga con respecto a la privacidad
El propio primer ministro belga, Guy Verhofstadt, ha sido el encargado de difundir este informe en el que la comisión no pide, en ningún momento, que se ponga fin a este tipo de pácticas, ni que se tomen medidas contra el consorcio.
Valoran su esfuerzo
Y es que, pesar de que Swift violó las obligaciones que le imponen la legislación belga de informar y respetar las normas sobre transmisión de datos de carácter personal a países no comunitarios, el informe aprecia que la entidad haya hecho "esfuerzos considerables" para incluir una serie de garantías en sus negociaciones con el Departamento estadounidense del Tesoro.
Lo único que la institución destaca es que Swift se encuentra en una "situación de conflicto" entre el derecho europeo y estadounidense, por lo que considera necesaria una concertación entre las autoridades de ambos lados del Atlántico a fin de "llegar a un acuerdo que regule la transferencia de datos personales", según explicó Verhofstadt.
Acceso a todo tipo de datos
SWIFT gestiona la mayor parte de las transacciones financieras internacionales.
Según divulgó el New York Times en junio pasado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EEUU tuvieron acceso a esos datos en su rastreo de información sobre presuntos terroristas.
Así, la CIA ha espiado transferencias electrónicas y otros métodos de mover dinero en el extranjero o dentro y fuera de Estados Unidos, aunque la mayor parte de las transacciones de rutina localizadas en Estados Unidos no estaban en esa base de datos.
¿Utilización legal?
El Departamento de Tesoro estadounidense defendió a capa y espada este programa asegurando que se ha dado "una utilización legal y apropiada de la autoridad".
Sin embargo, esto no concuerda con la versión del periódico neoyorquino, que asegura que fue sometido a presiones por parte del Gobierno para que no publicara esa información.


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