Mañas defiende la base legal existente en la gestión del fondo 31L entre 2001 y 2010

Mañas defiende la base legal existente en la gestión del fondo 31L entre 2001 y 2010

El exviceconsejero de Empleo Justo Mañas ha defendido este viernes la base legal existente en la tramitación y gestión de las actuaciones de la Consejería de Empleo dentro del fondo 31L entre los años 2001 y 2010.

El exviceconsejero de Empleo Justo Mañas ha defendido este viernes la base legal existente en la tramitación y gestión de las actuaciones de la Consejería de Empleo dentro del fondo 31L entre los años 2001 y 2010.

En la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, Mañas que ha acudido sin abogado y que no está imputado en el caso ha indicado que la tramitación de expedientes en este periodo ha contado con "un apoyo legal que permitiría desarrollar las acciones que en este periodo los distintos responsables políticos han venido realizando".

En este sentido, Mañas que fue viceconsejero tras Agustín Barberá entre marzo de 2010 y mayo de 2012 y tras recordar que fue la Junta la primera en llevar el caso a la justicia, ha hecho hincapié en "no confundir el hecho de que no exista norma con un abuso de la norma" y ha destacado que los cambios realizados en 2010 para la gestión del fondo 31L "siempre fue para mejorar el procedimiento".

En su intervención inicial de algo más de una hora en la que ha dicho no ser experto en temas legales, Mañas ha insistido en que su equipo se encontró con una serie de normas jurídicas que "funcionaban perfectamente" aunque fueran "susceptibles de ser mejoradas", algo que se consiguió, a su juicio, a través de la encomienda de gestión de 2010, por la que se adaptaron a la Ley de Presupuestos.

En este marco, la consejería de Empleo, "para la mejora del desarrollo normativo y no, en ningún caso, para pasar de una situación de ilegalidad a una legal", establece un procedimiento administrativo que cumple "con mayor transparencia los requisitos de publicidad y objetividad", creándose la base reguladora de las ayudas sociolaborales.

Asimismo, ha querido dejar claro que "ningún viceconsejero dentro de la estructura de la Junta es responsable directo de la ejecución de ningún programa presupuestario, no tiene capacidad en la disposición fondos y sus funciones fundamentalmente están dirigidas a la organización, coordinación y el impulso y la planificación".

"diferenciar entre mejorable e ilegal"

Una vez ya en el turno de preguntas, donde Mañas ha sido el primer compareciente que responde a preguntas de los grupos parlamentarios en esta comisión, ya que los anteriores ocho se acogieron a su derecho a no declarar y a no contestar preguntas, la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, ha cuestionado sobre si este cambio en la gestión de las ayudas sociolaborales en el año 2010 no suponía una "legalización" del procedimiento. En este punto, Mañas ha insistido en que su equipo estaba convencido de la legalidad sobre este proceder y pide diferenciar entre "mejorable, de obligada mejora y lo ilegal".

Preguntado sobre la actitud del exconsejero de Empleo Manuel Recio ante "el caos en Empleo", Mañas afirma que el consejero "siempre" comunicó su "voluntad de investigar todo caiga quien caiga". A esto, el exviceconsejero ha añadido que en las ocasiones en las que ha podido hablar con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al respecto siempre éste le señaló "la máxima voluntad de colaboración con la justicia y la profunda investigación".

"Lo único que el consejero quería era contar con una imagen precisa de cuáles eran las posibles irregularidades y tomar las actuaciones administrativas necesarias", ha subrayado.

La portavoz de IULV-CA ha cuestionado sobre si "no se plantearon sobre quién incluía los intrusos en los ERE", punto en el que Mañas ha señalado que "en la división de los poderes del Estado cada uno debe cumplir su papel y uno no puede sustituir a otros". "La administración debe poner en conocimiento de la justicia lo que puede ser susceptible de un delito", ha apuntado. En este punto, la portavoz de IULV-CA ha reprochado que se "amparen" en la división de poderes para "no explicar una responsabilidad política".

En cuanto a los mecanismos de control de estas ayudas sociolaborales, preguntado por Doblas, Mañas ha asegurado que existían y eran "los normales", aunque eran "evidentemente mejorables".

El procedimiento era "todo menos oculto"

Por su parte, la portavoz en esta comisión del PSOE-A, Antonia Moro, ha preguntado si este procedimiento era considerado por el equipo de Mañas como "oculto y opaco", punto en el que el exviceconsejero ha considerado que este proceder era "todo menos oculto, ya que era una documentación que ha pasado por el Parlamento sucesivas veces".

Asimismo, cuestionado sobre la reunión "secreta" en Empleo para analizar la situación, Mañas ha señalado que "no es secreta y es radicalmente falso que se dijera que no se dejara rastro" de la misma. De igual manera, ha negado que cuando él fue viceconsejero

se destruyeran documentos para ocultar información.

"Al contrario, el consejero pedía que se conservara la documentación y se reconstruyeran los expedientes administrativos ante la diferente ubicación de las distintas partes de los expedientes".

"intentando minimizar el escandolo"

Por su parte, la portavoz del PP-A Teresa Ruiz Sillero, quien ha criticado el "intento de minimizar este escándalo y la discrecionalidad con la que se otorgaban las ayudas sociolaborales" desde Empleo, ha puesto sobre la mesa una publicación de un estudio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se dice que tanto Mañas como el exdirector geneneral de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Daniel Rivera fueron informados sobre irregularidades en las ayudas y que no trasladaron al juzgado ni al Ministerio fiscal. En este sentido, Mañas ha asegurado que "en ningún momento fueron informados de ninguna irregularidad que no haya sido puesta de inmediato en manos de la justicia".

Asimismo ha negado "radicalmente" que la asesora de la Dirección de Trabajo María José Rofa le informara sobre irregularidades en expedientes y sobre una trama de empresas en la Sierra Norte de Sevilla. Es más ha apuntado que "jamás" ha hablado con esta persona de estos temas, tras ser cuestionado sobre si Rofa le informó de los informes que hizo al respecto Price Waterhouse.

Ruiz Sillero también ha pedido conocer con exactitud cuál era la norma en la que se basaba la concesión de ayudas sociolaborales, no contentándose sólo con la Ley de Presupuestos referida por Mañas, quien ha retomado la idea de la Ley de Presupuestos y ha dado por respondida la pregunta.

En el último uso de la palabra, el exviceconsejero de Empleo ha mostrado su orgullo por el trabajo realizado en los dos años en este cargo con el equipo de Manuel Recio. "Dos años terriblemente duros en donde nos ha tocado la obligación y el deber de mejorar de manera notoria las normas que regulaban estas ayudas, no porque fueran ilegales, sino porque la sociedad andaluza requería una mejora sustancial de dichos procedimientos para conocer con mayor transparencia a quien se dirigia el dinero público".

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