El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga concluye que el preso, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado del cáncer que padece por los servicios penitenciarios hospitalarios de la prisión de Zaballa (Álava) y no es necesario que esté ingresado en un hospital.

El estudio pericial médico, que tiene seis folios, ha sido entregado este viernes al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y al fiscal Pedro Rubira, que ha asumido la causa en sustitución del fiscal-jefe, Javier Zaragoza.

El informe, que contradice el que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, ha analizado la esperanza de vida aproximada que tendría el etarra y el tratamiento médico más aconsejable a su situación a partir de las investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica.

Los informes médicos del Hospital Donostia, en el que permanece ingresado Uribetxebarria, concluyeron que el cáncer que padece es "irreversible" y  "exige" su ingreso hospitalario,  tal y como señaló este jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La cárcel alavesa también recomendaba el ingreso.

Este afirmó que aunque fue “muy doloroso” conceder el tercer grado al preso etarra y entiende las críticas de las víctimas, fue una decisión sometida “al imperio de la ley” y la contraria hubiera sido prevaricación. La dirección de la prisión de Zaballa precisó, según el ministro, que las cárceles "tienen enfermerías que son consideradas centros de asistencia primaria, y el tratamiento exige estar ingresado en un hospital".

Así, el juez central de Vigilancia Penitenciaria ya cuenta con los informes completos sobre el estado de salud del etarra en los que se basará para decidir sobre su puesta en libertad condicional, aunque antes deberá pronunciarse la Fiscalía sobre su conveniencia.

Uribetxebarria Bolinaga permanece ingresado en el hospital Donostia desde el pasado 1 de agosto, donde ha mantenido una huelga de hambre durante quince días que abandonó el pasado miércoles "para priorizar su vida" y por "la situación de extrema debilidad de su estado de salud".

El pasado lunes llegó a la Audiencia Nacional el informe forense elaborado en el centro hospitalario sobre el estado de salud del preso, si bien la Fiscalía consideró que estaba incompleto al no estar firmado por "personas concretas", sino por una comisión médica, cuyos nueve integrantes no figuraban en el documento.

Asimismo, el Ministerio Público alertó de que tampoco figuraba el historial clínico del paciente ni sus antecedentes médicos.

Tras esta advertencia de la Fiscalía, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió al juez central de Vigilancia Penitenciaria el listado de los facultativos que habían suscrito dicho informe con la "expresa referencia" de que diera traslado al Ministerio Fiscal.

Junto a esa relación de médicos, Prisiones remitió también el historial clínico del interno, documentos todos ellos que ha analizado y estudiado la clínica forense de la Audiencia Nacional.