El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegurado este jueves que la ocupación el pasado martes de una finca en la provincia de Córdoba por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) encabezados por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue una "fantochada con una absolutamente connivencia" del propietario del lugar.

Fernández Díaz ha admitido que pidió que se contactara con el propietario de la finca para saber si éste estaba de acuerdo con que los jornaleros estuvieran allí, porque no había presentado denuncia y finalmente le instaron a presentarla.

"Es verdad que le llamé, aunque no fui yo personalmente, para decirle que, si era una ocupación, que lo denunciara y, si no lo era, que no jugase con la Policía y la Guardia Civil", ha reconocido Fernández Díaz. El propio Sánchez Gordillo ha acusado al ministro de haber presionado al dueño de la finca cordobesa para que denunciase.

En este sentido, el ministro ha explicado también que no fue hasta las 19 horas del martes cuando el dueño presentó una denuncia (por una valla rota) y ya a las 20 horas presentó una segunda denuncia solicitando el desalojo, pero la juez decidió no actuar. La ocupación del lugar comenzó a las 12.30 del martes y finalizó a las 8.00 horas del miércoles cuando los miembros del SAT se fueron por su propio pie.

"derecho a saber la verdad"

Según el ministro, "la opinión pública tiene derecho a saber la verdad". "Si hay una connivencia, que se sepa", exclamó y añadió que "no se juegue con el Estado de Derecho, con la imagen de España, ni con la Guardia Civil o la Policía".

Sobre la persona de Sánchez Gordillo ha dicho que "una cosa es inmunidad y otra impunidad". "No me parece a mi que asaltar supermercados tenga nada que ver con la actividad parlamentaria" y "a partir de ahí vivimos en un Estado de Derecho con división de poderes, la policía hace su trabajo, pero determinar quién tiene que entrar en prisión corresponde al poder judicial.

Ha recordado el ministro que Sánchez Gordillo no puede ser detenido por su condición de aforado "si no está cometiendo un delito flagrante". "Si hubiese sido así, no tengan ninguna duda de que se pondría a disposición judicial". Esta persona tiene unas cuentas abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", ha apuntado.

Ha cargado contra este tipo de actitudes como la de "entrar en supermercados" o "agredir a mujeres que están trabajando" porque, según dice, dañan la imagen de España. En ese sentido ha defendido que, tras el primer asalto a varios supermercados, la Policía hizo su trabajo y detuvo a siete personas que ya han sido puestas en libertad, pero que podrían ser condenadas a penas de entre 2 y cinco años de cárcel.