El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ni a responder preguntas durante la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza al entender que ello "puede suponer una lesión efectiva" de su derecho a la defensa legal en el proceso judicial que lleva a cabo Mercedes Alaya, instructora de este caso en el Juzgado número 6 de Sevilla.

Por ello Barberá, que dirigió la Viceconsejería de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 y está imputado en el caso de los ERE por Alaya —quien le atribuye cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial—, se ha limitado a leer un breve comunicado en el que ha recordado que la Constitución Española reconoce su "derecho fundamental a la defensa en el proceso penal con todas las garantías que este procedimiento recoge" y que, por tanto, elige, por recomendación de su letrada, no declarar ni contestar preguntas en esta comisión parlamentaria.

Además, ha señalado que el hecho de que se le obligue a permanecer presente en la sala mientras los grupos parlamentarios formulan sus preguntas puede suponer también "una merma o lesión de su derecho de intimidad". "Dejo constancia expresa de mi desacuerdo para que así conste en acta", ha añadido para concluir su intervención.