El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió al propietario del Palacio de Moratalla en Hornachuelos (Córdoba), cuyos jardines fueron ocupados el pasado martes por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que denunciara la acción porque se estaba cometiendo una ilegalidad.
Así lo han informado fuentes de Interior, que han explicado que el propietario de la finca era reticente en un principio a denunciar los hechos protagonizados por el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y que el propio titular de Interior le aconsejó que lo hiciera ya que la acción era "ilegal".
El pasado martes unos 150 jornaleros ocuparon la zona ajardinada del Palacio de Moratalla, que se encuentra en obras para convertirse en un hotel, y decidieron usar las instalaciones bañándose en la piscina y consumiendo comida y bebida en sus alrededores. Fuentes policiales informaron de que la Guardia Civil no desalojó a los jornaleros, que abandonaron el recinto al día siguiente, por la tardanza de su dueño en denunciar los hechos, lo que impidió la resolución judicial necesaria para ordenarlo.
La Guardia Civil ya ha abierto una investigaciónpara saber por qué se tardó tanto en denunciarLa Guardia Civil ya ha abierto una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca cordobesa ocupada este martes por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tardó tanto en denunciar el asalto y, pese a la tardanza, por qué la jueza, al tener conocimiento de estos hechos, no actuó para evitar la ocupación, informaron fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes explican que estos dos factores impidieron a la Guardia Civil desalojar el Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba). Los miembros del SAT encabezados por el alcalde de Marinaleda se personaron en la finca en torno a las 12.30 del martes, pero no fue hasta a última hora cuando el dueño del lugar decidió denunciar los hechos tras declinar esta opción durante toda la jornada.
Sin embargo, cuando acudió al juzgado y presentó la denuncia, la jueza no instó a la Guardia Civil a que acudiese a la zona para llevar a cabo el desalojo. Las mismas fuentes consultadas recuerdan que la Guardia Civil no puede desalojar en una propiedad privada si no es con un auto judicial que se lo permita.
"Fue una fantochada"
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado por otro lado que la ocupación de la finca fue una "fantochada con una absolutamente connivencia" del propietario del lugar.
La opinión pública tiene derecho a saber la verdad"Es verdad que le llamé, aunque no fui yo personalmente, para decirle que, si era una ocupación, que lo denunciara y, si no lo era, que no jugase con la Policía y la Guardia Civil", ha reconocido Fernández Díaz.
Según el ministro, "la opinión pública tiene derecho a saber la verdad". "Si hay una connivencia, que se sepa", exclamó y añadió que "no se juegue con el Estado de Derecho, con la imagen de España, ni con la Guardia Civil o la Policía".
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