El delegado de la Consejería andaluza de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, Antonio Rivas, tampoco ha contestado este miércoles a ninguna pregunta en la comisión de investigación de los ERE irregulares del Parlamento andaluz, aunque sí ha leído una breve declaración en la que ha proclamado su "absoluta inocencia".

Rivas ha esgrimido que sus "vinculaciones judiciales" por estar imputado y el consejo de su abogado le impedían contestar a las preguntas de los diputados, aunque se ha mostrado dispuesto a volver a declarar una vez que se sustancien las diligencias emprendidas por el juzgado número 6 de Sevilla.

"Poca luz puedo aportar puesto que no he tenido conocimiento de ilegalidad alguna en la tramitación de ningún expediente", ha apostillado.

El exdelegado de Empleo en Sevilla ha asegurado que todos los ERE que resolvió fueron "legales conforme a los procedimientos establecidos, avalados por todos los intervinientes y pertenecientes todos los trabajadores a las plantillas de sus empresas".

"He informado siempre a mis superiores y no tenía competencias ni en pólizas de prejubilación ni en ayudas sociolaborales ni en ayudas a empresas", ha apostillado.

Con todo, en el posterior turno de preguntas de los diputados Rivas sí aclaró que paga a su abogado y explicó que él no tiene por qué conocer las actividades de sus familiares, en referencia a la pregunta del PP de si medió para incluir como intrusos en el ERE de una empresa a dos de ellos.

Alba Doblás, de IU, y Rafael Carmona del PP, le sometieron a minucioso interrogatorio que provocó la protesta al presidente de la comisión de Antonia Moro, portavoz del PSOE, que otra vez eludió preguntar oralmente al imputado.

Rivas está imputado desde enero de 2011 además en el sumario del caso Mercasevilla, que dio origen a la actual investigación sobre los ERE, causa en la que el fiscal pide para él 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa y que será juzgada en septiembre por un jurado popular.

La Guardia Civil le ha implicado igualmente en las irregularidades del ERE de la empresa Calderinox, ya que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos".

Por su parte, la juez Mercedes Alaya le imputa su "activa participación" en la inclusión de varios "intrusos" en los ERE de empresas donde nunca habían trabajado, entre ellos un cuñado y un concuñado suyo, un concejal del PSOE en su localidad natal de Camas (Sevilla) y el marido de una concejala socialista.

Aún queda por comparecer Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, encarcelado desde el 9 marzo por la juez que lleva en los tribunales este caso.