La portavoz del PSOE-A en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, Antonia Moro, ha acusado al PP-A de querer "ensuciar" este órgano con sus intervenciones ante los comparecientes en el turno de preguntas, donde, en su opinión, los 'populares' ya muestran "sus conclusiones".

En rueda de prensa, al término de la comparecencia del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, Moro se refería así al hecho de que el portavoz del PP-A en la comisión de investigación, Rafael Carmona, haya realizado "insinuaciones" que, en su opinión, perjudican a las instituciones y a partidos políticos, como por ejemplo, una pregunta sobre una posible financiación ilegal del PSOE a través de prejubilaciones.

La dirigente socialista ha pedido "seriedad y responsabilidad" al PP andaluz y ha destacado que el propio presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), ha tenido que "llamar al orden" al PP-A durante su turno de preguntas, "dado que la deriva que estaban tomando las preguntas no era la adecuada", según ha indicado Moro.

En su opinión, ha quedado demostrado que el PP-A no tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, sino "ensuciar y hacer ruido". Sin embargo, ha indicado que su formación sí que está cumpliendo con el objetivo que se marcaron con la creación de la comisión de investigación en relación al esclarecimiento de lo sucedido.

A este respecto, Moro ha insistido en que los socialistas están cumpliendo con su cometido al formular las preguntas a los comparecientes, aunque por escrito hasta ahora, al respetar el derecho que tienen al decidir no prestar declaración. Así, según ha indicado, este martes presentaron 51 preguntas para los dos primeros comparecientes y este miércoles otras 16 para Rivas, formando todas ellas parte del acta de la comisión.

Entre algunas de las preguntas formuladas por el PSOE-A al exdelegado de Empleo en Sevilla, se encuentran si ha influido de alguna manera en las decisiones adoptadas por la Dirección General de Trabajo en el ámbito de la concesión de ayudas sociolaborales; si autorizó el ERE de Mercasevilla de 2007; si conocía que en dicho expediente se incluían intrusos; o si autorizó algún ERE de empresas consintiendo que se incluyeran el mismo personas que nunca habían trabajado para la empresa.