La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) celebrada en la mañana de este martes, en sesión extraordinaria, ha acordado remitir a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores la decisión final sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en el Consistorio y así ha decidido finalmente proceder a la extinción del contrato de trabajo, "por causas económicas", de 273 empleados municipales.

Asimismo, según informa el Ayuntamiento en un comunicado, se ha acordado dar por finalizado el período de consultas tras haber cumplido todos los trámites previstos en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, sin haber alcanzado acuerdo.

Según lo aprobado en la Junta de Gobierno Local, la extinción de los contratos se llevará a cabo y se comunicará dentro del mes siguiente a la finalización del período de consultas que concluyó el pasado 19 de agosto. En el documento se especifica, asimismo, que el Ayuntamiento "en señal de buena fe y su voluntad negociadora, y en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, adopta las medidas para reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias en los trabajadores afectados".

El Gobierno local del PP confirma que, entre las personas que han sido excluidas de la lista, se ha decidido finalmente no incluir a los ocho laborales que se jubilan antes del 31 de diciembre de 2012, ya que si estuvieran en el expediente el gasto en indemnizaciones "supondría un coste aproximado superior a los 250.000 euros para las arcas municipales". De esta manera, se ha optado porque estas personas accedan a la jubilación "de forma natural" antes de que termine el año, "con el consiguiente ahorro para las arcas municipales".

Asimismo, tal y como ya informó la consultora Deloitte (representante legal del Ayuntamiento en la tramitación del ERE) en la última reunión del período de consultas, celebrada el viernes 17 de agosto, cuatro personas han sido excluidas de la lista por errores subsanados, otros cinco trabajadores han quedado también fuera al haber accedido a la jubilación durante el período de consultas y dos más han sido dados de baja del listado por haber sido declarados en situación de incapacidad laboral.

Igualmente, ante la previsión de que siete funcionarios del Ayuntamiento pasen a la situación de jubilación antes del 31 de diciembre de 2012, se han excluido un número de siete trabajadores de los inicialmente incluidos en el listado de afectados. Además, se ha excluido a un trabajador más ante la situación de excedencia solicitada por una empleada del Ayuntamiento. Por último, dos empleados han sido incluidos en la lista definitiva al detectar que cumplían el requisito de tener 59 o más años. Como consecuencia, salen dos trabajadores del listado inicial.

Según precisa el Gobierno local, la selección de todas estas personas se ha realizado utilizando los mismos criterios que fueron tenidos en cuenta para la selección de los trabajadores afectados.

Por otro lado, recuerdan que entre las medidas para atenuar las consecuencias de los despidos en los trabajadores afectados, el Ayuntamiento llevará a cabo un Plan de Recolocación con la empresa de recolocación autorizada, DOPP Consultores, por un período de ocho meses, "mejorando de esta forma lo establecido legalmente y ampliando su duración en dos meses más respecto de lo exigido legalmente".

Junto a la concertación de dicho plan, el Ayuntamiento pondrá también a disposición de los trabajadores afectados por los despidos "medidas materiales y personales" para impartirles formación profesional y formación en materia de empleo. Ello se hará, según detallan, con sus propios medios materiales y personales y sin que suponga un coste adicional para el Consistorio.

En cuanto a los convenios especiales que se deberán suscribir con la Seguridad Social, en relación con los empleados de 55 o más años, el Consistorio se compromete a hacerse cargo de la cotización correspondiente, no sólo hasta que los empleados cumplan 61 años sino hasta que estos cumplan la edad ordinaria de jubilación.

El Gobierno considera que la "voluntad de diálogo", puesta de manifiesto durante los 30 días que ha durado el período de consultas, "ha quedado acreditada" con la exclusión de la lista de personas que no se han visto finalmente afectados por el ERE.

El Gobierno municipal ha reiterado que el ERE es una medida "absolutamente necesaria" para poder hacer frente a los gastos que soporta el Ayuntamiento, "ya que el grupo municipal no puede soportar un gasto anual de 110 millones de euros". Asimismo, recuerda una vez más que el expediente viene motivado "por causas económicas" y añaden que ha sido realizado en base a criterios "objetivos y jurídicos" planteados por la empresa Deloitte y comunicados al Ayuntamiento.