La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá a la clínica Donostia de San Sebastián que amplíe el informe que ha remitido sobre la salud del preso etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que se encuentra en huelga de hambre desde hace 13 días en demanda de su excarcelación  para ser atendido de un cáncer.

Así lo han indicado fuentes jurídicas que han señalado que el informe médico remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en el que se señalaba que la situación del etarra era "irreversible", no cuenta con "historia clínica", no dispone de "antecedentes" y no está firmado por "personas concretas" sino por una "comisión médica".

El preso, que fue condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, se encuentra en una situación clínica en la que "más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%", según señala el informe clínico elaborado por la Comisión Médica del servicio vasco de salud Osakidetza.

"El pronóstico de este paciente es muy grave. Si nos basamos en literatura científica con la misma probabilidad, el proceso es irreversible e incurable", señala el documento.

El expediente incoado por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava) para que el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, estudie la libertad condicional del recluso llegará previsiblemente este lunes a la Audiencia Nacional, según citaron las citadas fuentes.

En todo caso, la Fiscalía se tomará su tiempo para estudiar el caso y no presentará su informe sobre esta cuestión antes de al menos 10 ó 15 días, según señalaron fuentes del Ministerio Público.

El juez Castro, que vuelve de vacaciones esta semana, también está pendiente del informe de la Clínica Forense y de los solicitados a la cárcel de Zaballa (Álava) y los Servicios Centrales Penitenciaros que reclamó su sustituto, Santiago Pedraz, para saber si el preso puede ser atendido sin salir de la cárcel.

Uribetxeberria Bolinaga disfruta desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario, que le concedió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por "razones humanitarias" y "a pesar de la entidad de los delitos cometidos", una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la cárcel.

"Esta Secretaría General entiende que, a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia", explicaba Prisiones.

En todo caso, le imponía como condiciones el "alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas",  la "prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia" y la imposibilidad de "ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia".