La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha alertado de que tanto la reforma del CGPJ como la de la ley del aborto o la del Código Penal, que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón "son muy restrictivas en el ámbito de los derechos" y van a suponer "un retroceso de 30 años".
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Va a suponer un retroceso muy importante desde la perspectiva de un Estado democrático Respecto a la reforma del órgano de gobierno de los jueces solo está de acuerdo "con un tema en concreto" y es que cinco de los veinte vocales tengan dedicación exclusiva: "Creo que es bueno que el resto de los vocales, quince, sigan trabajando en el órgano jurisdiccional correspondiente porque así tendrán un mayor contacto con la realidad social", aunque ha insistido en que "el conjunto de la reforma es gravísima" y "va a suponer un retroceso muy importante desde la perspectiva de un Estado democrático".
Según Robles, "lo que se pretende es desapoderar" al Consejo "de muchas competencias que pasarían al Poder Ejecutivo" y a pesar de que desde el ministerio "se ha dicho que con esta reforma lo que se pretende es una despolitización de la Justicia, se puede producir el efecto contrario".
Considera "evidente" que lo que pretende el Ejecutivo es "tener una influencia sobre el gobierno del Poder Judicial y eso es un retroceso de más de 30 años", lo que "se enmarca en esa línea de restricción de derechos que se pretenden en otras reformas legislativas que parece que están en marcha".
Sobre Carlos Dívar y Gonzalo Moliner
El anuncio de la reforma del Poder Judicial coincidió con el escándalo por los viajes del expresidente Carlos Dívar, que tras abandonar la presidencia del CGPJ ha reclamado una pensión indemnizatoria de 208.000 euros, lo que a juicio de Robles es "improcedente" porque fue él quien renunció a su cargo y esa pensión está prevista "para aquellos que culminan su mandato".
El otorgamiento de la pensión indemnizatoria -ha añadido- "no es automático" porque "hay que ver las circunstancias que concurren en cada alto cargo y, en el caso de Carlos Dívar, creo que no tiene derecho".
En este sentido, ha asegurado que son más vocales los que opinan como ella y ha recordado que el pago de esta indemnización aún está pendiente de ser aprobada por el pleno del Consejo, que antes de tomar una decisión acordó preguntar al Ministerio de Hacienda si concede una ampliación presupuestaria para afrontar ese pago.
Sobre el nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, la vocal ha destacado que su elección puede ser un "factor importante" para recuperar la deteriorada imagen de este órgano tras el caso Dívar, aunque "va a ser necesario un gran esfuerzo de todos para intentar superar una situación que ha sido ajena a todos los vocales".
Hay una opinión generalizada de que se estaba haciendo un mal uso del dinero, pero no se corresponde con la realidad "No podemos negar que hay una opinión generalizada de que se estaba haciendo un mal uso del dinero", pero "esa opinión no se corresponde con la realidad, porque las actuaciones de Carlos Dívar hacían referencia a viajes de carácter privado los fines de semana y ese tipo de viajes no se daban en los otros vocales", ha precisado.
No obstante, ha reconocido que "para que no haya ninguna sombra de duda sobre que haya habido una utilización adecuada de los fondos públicos" sería buena "una política, no solo de austeridad, sino de transparencia", y ha recordado que siempre ha sido "partidaria de que se dé publicidad a los viajes de los vocales".
"En mi opinión, sería bueno que se hicieran públicos los gastos de los vocales", ha reiterado Robles, a la que a raíz del caso Dívar se la llegó a llamar "la presidenta en la sombra", calificativo del que se defiende con una sonrisa y con el argumento de que solo es una vocal y "con un solo voto poco puedo hacer".
Respecto a la posibilidad de que los jueces se declaren en huelga en septiembre en protesta por los recortes, ha pronosticado que este va a ser "un otoño que va a preocupar a la sociedad y los jueces no pueden ser ajenos a esa preocupación de la sociedad".
"Si los jueces se están planteando reivindicaciones, no lo hacen desde una perspectiva corporativista, sino como una preocupación por la situación de la sociedad y, sobre todo, de aquellas personas que están en una situación más límite desde el punto de vista de sus necesidades económicas".
Para Robles, "el problema es la realidad social que está viviendo este país, en el que, evidentemente, está habiendo unas políticas restrictivas de enormes recortes a las personas más desfavorecidas" y ha calificado de "gravísimos" los recortes en prestaciones sanitarias.
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