Junta emite 1.200 impugnaciones en vía contenciosa y 1.500 informes de carácter penal por irregularidades urbanísticas

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha emitido 1.200 impugnaciones por la vía contencioso administrativa durante la pasada legislatura por irregularidades urbanísticas, mientras que en esa última legislatura se han emitido más de 1.500 informes sobre hechos con trascendencia penal.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha emitido 1.200 impugnaciones por la vía contencioso administrativa durante la pasada legislatura por irregularidades urbanísticas, mientras que en esa última legislatura se han emitido más de 1.500 informes sobre hechos con trascendencia penal.

Según una respuesta a una pregunta escrita formulada en el Parlamento andaluz por la diputada popular Alicia Martínez, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha precisado que desde la anterior Dirección General de Inspección se han emitido informes por presuntas irregularidades urbanísticas, tanto a petición de juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo, como del orden penal, en este último caso, bien a petición de la Fiscalía, o bien a petición de juzgados y tribunales del orden penal.

En cuanto a los primeros, relativos a la vía contenciosa administrativa, ha explicado que cada vez que se ha procedido a proponer la impugnación jurisdiccional de un acto administrativo de naturaleza urbanística, se ha emitido un informe por los inspectores correspondientes, de forma que "constan más de 1.200 impugnaciones durante la pasada legislatura, sin perjuicio de que también se hayan emitido ocasionalmente informes en procesos contenciosos en los que la Junta no haya sido parte".

Planas ha precisado asimismo que, en cuanto a los informes penales, durante la última legislatura se han emitido más de 1.500 informes sobre hechos con trascendencia penal.

Recuerda que en la mayor parte de estos casos, los hechos que están siendo investigados por el Ministerio Fiscal o por los órganos jurisdiccionales penales son objeto de secreto sumarial.

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