La Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) ha acordado una propuesta para que consiste en que los funcionarios hagan llegar instancias individuales o colectivas a los responsables políticos para mostrarles su desconfianza sobre el destino del dinero procedente de su paga extra de Navidad "expropiada" y para que se entregue a los desempleados sin ingresos y organizaciones que atienden situaciones de primera necesidad.

Pladepu ha aprobado esta propuesta en una asamblea de empleados públicos, fundamentalmente de la Junta de Castilla y León pero abierta a todas las administraciones, celebrada en Palencia.

La Plataforma difundirá a través de redes sociales, sindicatos y mediante contactos individuales esta propuesta para que los empleados públicos hagan llegar a los máximos responsables del Gobierno central, de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos que "no se fían" del destino que se va a dar a la paga extra de Navidad que se les quitará este año.

En este sentido, fuentes del colectivo han señalado a Europa Press que no se fían de que este dinero "sirva como botín" para "regalarlo" a quienes causaron la crisis o la endurecen o que se emplee para mantener los privilegios de los políticos. Así, exigen que se destine a pagar a las personas desempleadas que no tengan ingreso alguno y a las organizaciones que como Cáritas, Cruz Roja o los bancos de alimentos "atienden y socorren situaciones de primera necesidad".

Además, como muestra "inequívoca" de que los empleados de todas las administraciones quieren ser solidarios con las personas más "maltratadas" por la crisis, anuncian que su propuesta también consiste en donar el equivalente a un décimo de Lotería de Navidad (20 euros) en cuatro mensualidades de cinco euros (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) que harán llegar los días 5 de cada mes a las 17.00 horas a organizaciones humanitarias de cada ciudad de España.

En la instancia individual que proponen como modelo, los funcionarios inciden en el "creciente desprestigio, falta de honradez y de transparencia" de la clase política que repercute "de forma alarmante" en el aumento del malestar y en la desconfianza de los ciudadanos del conjunto del Estado. De esta forma, como empleados públicos y ciudadanos, aseguran estar "indignados" y sentir "vergüenza" de sus gobernantes, cuyas decisiones han "empobrecido a los más débiles" a la vez que "han utilizado a los empleados y servicios públicos como el chivo expiatorio de su pésima gestión".