Aviones de combate israelíes bombardearon y destruyeron gran parte de la planta situada a las afueras de Ciudad de Gaza el 28 de junio, tres días después de que extremistas palestinos secuestraran a un soldado israelí en una incursión transfronteriza desde Gaza. El soldado sigue retenido.
Israel dijo entonces que bombardeó la central para cortar los suministros eléctricos y dificultar así la actuación de los extremistas y el traslado del soldado capturado.
El bombardeo dejó sin electricidad a muchos de los 1,4 millones de residentes de Gaza, afectando a hospitales y al abastecimiento de alimentos, y tuvo un impacto directo en los sistemas de agua y alcantarillado.
'El bombardeo de la central eléctrica fue ilegal y está definido como un crimen de guerra en la ley humanitaria internacional ya que el ataque iba dirigido a un objetivo puramente civil', dijo el grupo de derechos humanos B'Tselem en un informe titulado 'Acto de Venganza'.
'Incluso si uno adopta la dudosa afirmación de que el ataque proporcionó alguna ventaja militar concreta, fue desproporcionado e Israel tenía otras alternativas menos dañinas'.
B'Tselem, un grupo independiente que supervisa la ocupación israelí de Cisjordania y sus políticas en Gaza, instó al Gobierno israelí a abrir una investigación criminal sobre el bombardeo y procesar a los responsables del ataque.
También instó al gobierno a pagar la reconstrucción de la planta de 150 millones de dólares (unos 118 millones de euros), una operación que se prevé dure un año.
La ONU describió en julio el bombardeo de la instalación de 140 megavatios como un uso desproporcionado de la fuerza y dijo que había contribuido a empeorar los problemas humanos en la Franja de Gaza.
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