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UPTA Canarias indica que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central afectarán a casi 150.000 autónomos de las islas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Canarias junto a la Unión General de Trabajadores (UGT) en el archipiélago ha elaborado un informe sobre las repercusiones que tendrá el paquete de medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico sobre los trabajadores autónomos de las islas y que afectarán a aproximadamente 105.000 personas.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Canarias junto a la Unión General de Trabajadores (UGT) en el archipiélago ha elaborado un informe sobre las repercusiones que tendrá el paquete de medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico sobre los trabajadores autónomos de las islas y que afectarán a aproximadamente 105.000 personas.

En este sentido, el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, ha afirmado que el Gobierno central "ha faltado a la verdad aplicando medidas por la puerta de atrás, sin diálogo y sin evaluar el impacto".

Agregó que estas iniciativas no pretenden menguar la presión fiscal de los autónomos, "como prometió" [el Gobierno], sino "todo lo contrario", "agravando" a los trabajadores con la subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y con el aumento de la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)".

Por su parte, el aumento del IRPF del 15 al 21 por ciento junto a la subida del IGIC supondrán para el trabajador autónomo, según ha asegurado el coordinador de UPTA Canarias, Alexis Sierra, un aumento de una media de 980 euros más a pagar por dichos trabajadores en comparación al año pasado.

A este agravamiento del pago, ambas organizaciones han indicado que se unen otros problemas como la menor fluidez del crédito entre el colectivo, que se encuentra a su vez ante el impago de algunas empresas "a pesar de que existe la Ley de Morosidad que no se está cumpliendo, pudiendo llegar dichos impagos hasta los 99 días de media", situándose "muy lejos" de la media establecida por la Ley en su aplicación para el año 2013, en el que se estipula que las empresas han de pagar en un plazo máximo de 60 días.

Ugt pide al gobierno canario "medidas eficaces"

Es por ello que UGT Canarias ha pedido al Gobierno canario que se realicen medidas "eficaces" para solventar el problema de los trabajadores autónomos, como es la creación de una Cooperativa de Crédito Pública "con el fin de que fluya el crédito a pequeñas empresas y familias".

Aquí, el sindicato pidió una mayor actividad en materia de inspección a las grandes empresas, ya que Santana afirmó que muchas de ellas "obligan" a sus trabajadores a convertirse en falsos autónomos, haciendo que éstos paguen sus cotizaciones "a menor costo", un dinero que se ahorran las empresas ejerciendo un fraude de ley y que repercute en el fomento de la economía sumergida.

Por otro lado, desde UPTA, Sierra destacó cómo afectan estas medidas "especialmente" a los jóvenes autónomos, a los que con la suma de agravamientos fiscales "se les están poniendo más impedimentos para que realicen una actividad por cuenta propia", y es que cerca de 30.000 autónomos de menos de 30 años han liquidado sus negocios durante el primer trimestre de 2010 hasta el segundo trimestre de 2012 a nivel estatal debido a dichas medidas.

Propuestas para solventar la situación de los autónomos

Con el fin de solventar la "difícil" situación fiscal a la que se ha "sometido" a los trabajadores autónomos, UPTA Canarias ha planteado una serie de soluciones que ha traslado al Gobierno de Canarias "al que se le han entregado informes y datos" y que se basan principalmente en el impulso de la Ley de Emprendedores, a cuya creación se comprometió el Gobierno central durante la pasada campaña electoral y que ha quedado "guardada en un cajón".

Asimismo, ha contemplado la creación de una figura de cotización reducida y transitoria que permita minimizar el impacto fiscal para algunos autónomos que se encuentren "ahogados" tanto al inicio como durante su ejercicio económico.

Con esta medida, UPTA ha planteado que se establezca una base de cotización que no sobrepase los 75 euros mensuales, frente a los 280 que desembolsa actualmente cada autónomo, "hasta que su situación mejore".

También ha incidido en la creación de una comisión con organizaciones de autónomos de Canarias para aprobar la Ley Autonómica del Emprendedor de Canarias y del Consejo Autonómico de Trabajo, dos instituciones que la Ley estatal del Estatuto del Trabajador Autónomo de 2007 exige que se creen en todas las comunidades autónomas y que facilitarían el diálogo entre la administraciones del archipiélago y los trabajadores.

Sierra ha asegurado que en este tipo de leyes Canarias "está a la cola" de España, a la que también se une la falta de presupuesto público que se destina desde el Gobierno canario para el fomento de la formación de trabajadores autónomos y que cuantifica únicamente 1.30 euros para cada uno de ellos.

"Apostar por la formación y por el trabajador autónomo es aportar a la larga por el crecimiento autonómico y por el trabajo por cuenta ajena, ya que los negocios que vayan bien pueden contratar a más gente", puntualizó.

Demandar a las empresas infractoras

Mientras, desde UGT Canarias se han presentado varias demandas a empresas que presuntamente han llevado a cabo el fraude de ley por el cual varios de sus empleados son falsos autónomos con el fin de eliminar la infracotización que ejercen dichas empresas y proteger al trabajador.

En esta línea, el sindicato ha asegurado que ha tocado a "todas las puertas" para advertir de la situación a la Administración pública, aunque ha sido una cuestión que desde el Ejecutivo autonómico han "olvidado" o "no han querido hablar", según ha indicado Santana.

En referencia a las demandas que anuncia el sindicato, el secretario regional de UGT ha asegurado no tener un dato concreto, aunque ha confirmado que han disminuido "por el miedo de los trabajadores a perder el trabajo", una situación que supuestamente han aprovechado los empresarios para presionar a los trabajadores.

Finalmente, Santana puso un ejemplo de la lucha contra el fraude fiscal ejecutada en las Islas Baleares, explicando que el director de la empresa de eventos Romantic Corporate ha sido acusado y condenado a 7 años de prisión por cometer un delito contra la Hacienda Pública y que tenía a su vez negocios en Canarias, una actividad que UGT ha concretado que "están siendo estudiadas" para evaluar su alcance, que en Baleares ha alcanzado una "estafa" de 900.000 euros en infracotizaciones a la Seguridad Social.

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