El PSM-IV-ExM ha afirmado que la información aparecida en el BOIB, según la cual, la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma ha acordado modificar varios artículos de la ley de medidas urgentes por un urbanismo sostenible, conocida como Ley Company, demuestra que esta normativa es una "chapuza", dado que "se duda de su constitucionalidad".

En un comunicado, la coalición nacionalista ha recordado que según publica el BOIB, la Comisión Bilateral trató el pasado 23 de julio las discrepancias del Gobierno del Estado en relación a una serie de artículos de esta ley (en concreto, el artículo 10, las disposiciones adicionales tercera y cuarta y la disposición transitoria segunda), que hacen referencia a las exoneraciones de reservas de suelo público para vivienda de protección oficial, a las exenciones de evaluación de impacto ambiental y a los requisitos de garantizar agua potable en relación a la población vinculada a procesos urbanizadores.

Desde el PSM-IV-ExM, apuntan que el hecho de que el Gobierno central valore la posibilidad de llevar la Ley Company al Tribunal Constitucional demuestra que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá está "incumpliendo normativas de rango superior y está vulnerando gravemente y haciendo burla del concepto de seguridad jurídica, justo lo contrario de lo que predican".

Además, el diputado de la coalición nacionalista Nel Martí ha considerado "muy grave" que el Govern "ocultara" al Parlament las dudas del Ejecutivo español sobre esta ley, que fue aprobada en la Cámara balear el pasado 29 de mayo, 20 días después de celebrar la reunión de la Comisión Bilateral en la que se pusieron de manifiesto las discrepancias de la Administración estatal en relación a la norma urbanística. Según Martí, este hecho supone un "desprecio" al Parlament y demuestra una "falta de transparencia flagrante por parte del Govern".