El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido este jueves a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que "procedan a estudiar la posible aplicación" del tercer grado al etarra Josu Uribetxebarría Bolinaga, lo que supondría el paso previo indispensable para su puesta en libertad condicional.

La petición de Pedraz llega poco después de que los médicos hayan confirmado que el preso etarra, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, padece un cáncer terminal de riñón y que su situación, aunque estable, es irreversible.

En una providencia dictada este jueves en atención a los escritos presentados por la defensa del etarra, que se encuentra en huelga de hambre desde hace nueve días para pedir su salida de prisión y ser atendido del cáncer, el magistrado solicita si es procedente la aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario.

Este precepto, referido a "casos especiales", especifica que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad".

El instructor, que se encuentra de guardia esta semana y sustituye al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, también solicita a Instituciones Penitenciarias los "informes médicos actualizados" sobre el estado de salud del interno para que, una vez recibidos, la Clínica Forense de la Audiencia Nacional emita un informe sobre su situación.

La decisión del juez, además, se produce el mismo día que el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso ha solicitado al médico forense un informe sobre el estado de salud del etarra en el que detalle "si puede ser tratado adecuadamente en los servicios penitenciarios hospitalarios".

El fiscal también pide al centro penitenciario de Zaballa (Álava), en el que debía estar recluído el etarra antes de su traslado al hospital Donostia de San Sebastián, y a los Servicios Centrales Penitenciarios que informen del "tratamiento que el condenado está recibiendo en la actualidad así como de la capacidad del sistema penitenciario para tratar adecuadamente este tipo de dolencias".

Del mismo modo, reclama a Instituciones Penitenciarias que aporte a la Audiencia Nacional el expediente administrativo que "hayan podido incoar" para la aplicación al interno de la "libertad condicional por enfermedad grave".

La excarcelación definitiva del preso depende del juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, aunque precisaría de un informe anterior de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concediéndole el tercer grado penitenciario.