Más de un millón de estudiantes indocumentados en EEUU, la mayoría de ellos de México y el resto de América Latina, podrán inscribirse desde esta semana en un programa temporal que les protege de la deportación y le concede permisos de trabajo.
Para acceder a la medida, los jóvenes deben pagar 465 dólares El programa migratorio temporal proviene de una directriz emitida por el presidente Barack Obama, el pasado 15 de junio, muy criticada por oportunismo político en pleno año electoral por líderes republicanos y grupos conservadores opuestos a una reforma migratoria.
Para los grupos a favor de los inmigrantes, se trata de un momento "histórico" porque la última medida de EEUU a favor de los "sin papeles" fue con la amnistía de 1986 de tres millones de indocumentados, que recibieron la residencia permanente.
Para celebrarlo, varios grupos han programado mítines y talleres informativos en todos el país en ciudades con alta presencia de inmigrantes, en particular en estados como California, Texas, Illinois, Florida y Nueva York, entre otros.
Centros comunitarios de la comunidad inmigrante en todo Estados Unidos han abierto sus puertas para ofrecer ayuda legal gratuita a los llamados dreamers (soñadores), como se conoce a los estudiantes que obtendrían la residencia permanente si el Congreso aprobase finalmente la ley del Dream Act.
Esa legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2010 pero quedó estancada en el Senado, en medio de agrias disputas partidistas sobre cómo reformar el sistema de inmigración de EEUU.
La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha reiterado que la directriz, conocida como "acción diferida", no ofrece estatus legal alguno, una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía, pero los estudiantes que se acojan al programa "no serán deportados de EEUU durante un período renovable de dos años, y pueden además solicitar un permiso de trabajo".
Así, con el pago de 465 dólares (unos 378 euros), los estudiantes indocumentados podrán obtener un permiso de trabajo temporal y licencias de conducir sin temor a ser enviados a sus países de origen.
Menos de 31 años
Pero tendrán que demostrar con documentos válidos que tenían menos de 31 años de edad cuando se aprobó la directriz, que entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, que llevan cinco años de residencia consecutiva y que no tienen historial criminal.
Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos.
USCIS revisará las solicitudes "caso por caso", y los que sean rechazados -por fraude o por tener antecedentes penales, por ejemplo- serán denunciados a Inmigración para su posible deportación o procesamiento judicial.
A falta de una solución permanente
El consenso de los activistas que favor de la reforma es que esta directriz es un primer paso mientras el Congreso negocia una solución permanente para los once millones de indocumentados en este país.
La mayoría de los líderes republicanos y grupos conservadores han insistido en que el decreto de Obama tiene fines electorales, y han recordado que el mandatario no cumplió con su promesa electoral de 2008 de reformar el sistema migratorio.
El asunto figura en la contienda electoral, cuando faltan menos de tres meses para las presidenciales del próximo 6 de noviembre y ambos partidos cortejan activamente el voto hispano.
El virtual candidato presidencial republicano, Mitt Romney, ha prometido que, si llega a la Casa Blanca, impulsará una reforma migratoria, aunque durante las primarias había dicho que vetaría el Dream Act.
Aunque el Gobierno desconoce cuántos y quiénes se pueden beneficiar de la directriz, las proyecciones de centros de estudios migratorios oscilan entre 1,39 millones y 1,76 millones de indocumentados.
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