Iñaki Urdangarin volverá a ser citado a declarar por el juez del caso Palma Arena, José Castro, si el informe que la Agencia Tributaria está a punto de presentar y las comisiones rogatorias libradas a Andorra, Suiza y Luxemburgo —de las que aún no hay respuesta— profundizan con nuevos datos en torno a la actividad presuntamente delictiva al frente del Instituto Nóos.

Su exsocio Diego Torres también tendría que declarar, quien después de que fuese citado a declarar de forma voluntaria el pasado mes de mayo, finalmente solicitó la suspensión de la comparecencia, mientras que en febrero, cuando acudió a la llamada del juez Castro, se acogió a su derecho de no declarar.

Las tres comisiones rogatorias prevén arrojar luz sobre el destino del dinero que desde el Instituto Nóos fue a parar a cuentas bancarias localizadas en estos países.

Por el momento, las autoridades de los tres Estados no han respondido a la petición cursada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, quien mediante estas diligencias quiere que sean identificados los titulares de las cuentas en las que fueron depositados miles de euros a través de las sociedades vinculadas a Nóos.

Una de estas cuestiones, la relacionada con la cuenta de Suiza, salió a relucir en el extenso interrogatorio del magistrado a Urdangarin, quien justificó que a través de esta cuenta bancaria cobró un proyecto relacionado con la empresa Aguas de Valencia, al mediar entre la mercantil valenciana y un ciudadano de origen jordano, Manssour Tabaa, que fue la persona que abonó este servicio.

También se está a la espera de que la Agencia Tributaria aporte el informe que solicitó el juez en torno a los ingresos percibidos a través de Nóos por parte de los dos socios para poder cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron por trabajos cuya realización no ha sido justificada, y a partir de ahí solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.

Se estima que la cifra de la fianza podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según apuntaron fuentes del procedimiento.

Por ahora, los investigadores apuntan que Urdangarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena.