La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de

Ccoo pv ha mostrado su oposición a un cobro sanitario a los inmigrantes irregulares y considera que es una medida "injusta, insolidaria y descabellada que vulnera los derechos de los emigrantes sin papeles, y que puede tener consecuencias muy graves para la ciudadanía española". Por ello, ha reclamado al Gobierno "concreción" sobre aplicación, costes y riesgos del que ha denominado 'apartheid sanitario'.

El sindicato ha asegurado en un comunicado que la ciudadanía y los profesionales sanitarios valencianos "seguirán oponiéndose a este despropósito en los centros de trabajo y apoyando las movilizaciones de rechazo hasta que se retire".

Ccoo pv entiende y apoya la objeción de los médicos a la medida por "la propia norma pone al profesional en un callejón sin salida" ya que el código deontológico "obliga a cualquier sanitario a atender a los pacientes, así como la posibilidad de incurrir en el delito de omisión del deber de socorro, estipulado en el Código Penal, en caso de negarse a diagnosticar una eventual emergencia".

Costes y riesgos

El sindicato ha recalcado desconocer cómo se piensa llevar a cabo la "concreción real" de la "no asistencia", de la que ha advertido de que "en ningún caso puede recaer en el personal sanitario". "No sabemos si el Gobierno estará dispuesto a pagar un guardia jurado en cada centro de salud para impedir la entrada a quienes no acrediten papeles, con lo que el supuesto ahorro se iría al traste", ha manifestado.

Asimismo,

Ccoo pv ha avisado que no recibir atención gratuita en primera instancia va a tener dos "importantes" perjuicios para la economía sanitaria: "la saturación del servicio y el grado de complicaciones de las patologías, que llegarán agravadas, elevando los riesgos para la salud y un mayor coste en su tratamiento".

Respecto a las declaraciones de responsables autonómicos que han asegurado que las urgencias serían atendidas, el sindicato ha reclamado "que no se engañe a la opinión pública". "¿Cómo se puede saber la gravedad de una patología y qué prioridad requiere si al paciente no puede verlo un médico?", se ha preguntado, y ha añadido que la pretensión de derivar a todo el colectivo a los servicios de Urgencias es "promover el colapso".

Por ello, el sindicato ha reclamado al Gobierno que explique "con todo lujo de detalles" el ahorro previsto, porque, afirman, "deje sin tratamiento y sin diagnóstico a una parte de la población es un riesgo que debería calcular muy bien".