Más de una decena de leyes importantes aguardan en las Cortes el fin del periodo estival

Aunque el Parlamento está cerrado por vacaciones, a los diputados y senadores les esperan a su vuelta debates de una decena de importantes proyectos legislativos, como la reforma financiera que el Gobierno accedió a tramitar o la ley de financiación de partidos, que llegó a las Cortes en enero.

Tras un frenético primer periodo de sesiones de esta legislatura, la décima, en el que el Gobierno llevó a las Cortes 23 decretos-leyes para plasmar sus primeras reformas y los duros ajustes presupuestarios que han copado buena parte de los debates, toca ahora terminar de tramitar como proyecto de ley algunos de ellos. Además, hay varios proyectos de ley remitidos por el Consejo de Ministros que están aún pendientes de aprobar.

Entre las leyes más relevantes por tramitar está la segunda reforma financiera del Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo decreto se convalidó el 31 de mayo, aunque el Gobierno aceptó tramitarla como proyecto de ley, como pedían, entre otros, los socialistas, con lo que consiguió sacarla adelante con la abstención de éstos y de CiU. El Congreso, inhábil en agosto, amplió hasta septiembre el plazo de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Tiene que llegar a las Cortes para su tramitación la nueva Ley de CostasAsí, a la vuelta del verano se conocerán las modificaciones que plantearán los grupos a esta norma, que exige a las entidades financieras aumentar sus provisiones en 28.000 millones de euros para cubrir el riesgo de sus activos inmobiliarios. Aguarda además en el Congreso uno de los decretos más vastos aprobados por el Ejecutivo y que también se tramita como proyecto, el que reforma importantes leyes medioambientales como las de Aguas y Residuos.

Y también en materia medioambiental tiene que llegar a las Cortes para su tramitación la nueva Ley de Costas, cuyo anteproyecto aprobó el Ejecutivo el pasado 13 de julio, que ha sido muy bien acogido por el sector turístico aunque cuenta con la oposición de las organizaciones ecologistas. Hay otro texto que fue en un principio decreto-ley y que se va a tramitar como proyecto para que los grupos puedan proponer enmiendas: el que liberaliza el comercio y otros servicios.

El decreto ya en vigor que se someterá a debate en el Congreso regula, entre otras cuestiones, la denominada "autolicencia exprés", un mecanismo que elimina el actual sistema de licencias municipales para abrir un negocio. De esta forma, el empresario podrá abrir un negocio al día siguiente de presentar una declaración en la que diga cumplir con toda la normativa y el visado de obra (en caso de que la haya hecho), y de que pague las tasas correspondientes.

Dos proyectos contra el fraude

Por otro lado, está pendiente de debatir una reforma de la recientemente aprobada –en abril– ley de estabilidad presupuestaria, necesaria para que sea compatible con ella el fondo de liquidez que el Gobierno ha aprobado para las comunidades autónomas. Y también en materia económica se tendrán que poner a trabajar los diputados para debatir dos proyectos legislativos relativos al fraude.

El primero de ellos es el que modifica las normas tributarias para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, y el segundo, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, endurece las penas por el fraude a la Seguridad Social con el empleo irregular. Según el texto de este último proyecto de ley, crear empresas fantasma pasará a estar castigado con hasta seis años de cárcel, mientras que se rebajará a 50.000 euros la cantidad defraudada mínima a la Seguridad Social perseguible con penas de prisión.

La mayoría de los proyectos de ley en los que tendrán que trabajar las Cortes Generales en el segundo periodo de sesiones son recientes, aunque hay uno que lleva en tramitación más de siete meses. Se trata de la nueva ley de financiación de partidos, que llegó al Congreso en enero, y que aún está pasando por el Senado antes de ser aprobada definitivamente.

Esta ley, que fija un recorte del 20% en las subvenciones públicas y estrecha el cerco a los partidos para dificultar que se puedan financiar de manera irregular, fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso

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