El plan, elaborado por el ministerio de Cultura, implicará a los 11 ministerios, instituciones públicas y consumidores y pretende servir de 'instrumento legal' para la erradicación de este fenómeno.
'Era urgente, por tanto, poner fin a esta situación que afecta no sólo a la música, sino al cine y muchas marcas de consumo', dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega aseguró que entre las medidas para la aplicación del plan por parte del Ministerio del Interior estarán la creación de un grupo policial específico, el refuerzo de las policías autonómicas e incluso el establecimiento de acuerdos de colaboración internacional.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se encargará de incidir en la eficacia de los juicios rápidos, así como en mejorar la incautación, la custodia y la destrucción de muestras.
Además, aseguró de la Vega, en las instituciones públicas y privadas se establecerán mecanismos destinados a detectar infracciones de los derechos de la propiedad intelectual en Internet.
INSTRUMENTO INTEGRAL
El Gobierno, a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Cultura, aseguró que este plan se concibe como un 'instrumento integral' en la lucha contra la piratería, que perseguirá tanto a los que proporcionen al público los productos piratas como a las bandas organizadas, e investigará su conexión con otros delitos.
Para poner en marcha su aplicación está prevista la elaboración de un 'mapa de la piratería en España' que determine las zonas geográficas en las que se concentren los mayores esfuerzos policiales.
Por otro lado, el Gobierno tratará también de fomentar las campañas de concienciación ciudadana.
'Se trata de acabar con una práctica ilegal con la que los discos salen baratos al comprarlos, pero salen muy caros a una sociedad como la nuestra', afirmó de la Vega.
'Si a los músicos les va mal, a la música le va mal, y si a la música le va mal, le va mal a los creadores y a nuestra cultura', agregó.
Según datos difundidos por la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE, las redes desmontadas durante 2004 tenían una capacidad potencial para fabricar y poner en el mercado ilegal, a través del 'top manta' y los mochileros, unos 90 millones de unidades piratas (69.800.000 CD de música y unos 22 millones de películas).
Esto hubiese representado un perjuicio a la industria de casi 1.500 millones de euros y de 105 millones de euros a los autores.
De acuerdo a estas cifras, en España se descargaron de forma ilegal unos 270 millones de canciones durante el año pasado, además de unos 30 millones de películas.
/Por Raquel Castillo/
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