La citación de los imputados por el caso Bankia se retrasa hasta septiembre... por las vacaciones

  • El juez Fernando Andreu, encargado del caso, no tiene previsto practicar ninguna diligencia de urgencia.
  • Se retrasan tanto las citaciones como la resolución del recurso presentado por UPyD para insistir en la intervención judicial de Bankia y su matriz, BFA.
  • Hasta el momento solo se ha celebrado una vista, para decidir si los gestores debían ser sustituidos, algo que finalmente fue rechazado.
La bandera española, ante una instalación de Bankia.
La bandera española, ante una instalación de Bankia.
EFE
La bandera española, ante una instalación de Bankia.

La citación de los imputados por el caso Bankia, entre los que se encuentra el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, se retrasará hasta el mes de septiembre por las vacaciones, según han informado fuentes jurídicas.

Estas fuentes han indicado que el juez Fernando Andreu, encargado del caso, no tiene previsto practicar ninguna diligencia de urgencia, por lo que se retrasan hasta septiembre tanto las citaciones como la resolución del recurso presentado por UPyD para insistir en la intervención judicial de Bankia y su matriz, BFA.

Hasta el momento solo se ha celebrado una vista por este caso, en la que se tomó declaración al representante judicial de las entidades para decidir si los gestores debían ser sustituidos, como defendía la acusación, algo que finalmente fue rechazado.

El pasado mes de junio, UPyD presentó una querella de acción popular contra todos los consejeros de Bankia y BFA en el momento de la salida a bolsa de la primera, a la que posteriormente se sumó el movimiento 15-M en representación de varios accionistas.

El juez Andreu admitió a trámite la querella, con lo que la Audiencia Nacional imputaba a los expresidentes de Bankia y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, al exministro popular y consejero en la entidad Ángel Acebes y a una treintena de exconsejeros del grupo y su matriz, BFA.

Todos ellos están acusados de delitos de falsificación de cuentas y balances, de administración desleal o fraudulenta, de maquinación para alterar el precio de las cosas y de apropiación indebida.

Además, tanto UPyD como el 15-M pedían como medida cautelar la intervención judicial de las entidades con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas, algo que fue rechazado por la Audiencia y posteriormente recurrido por la formación política.

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