Los exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados por la Audiencia Nacional por irregularidades en su gestión, han recurrido la fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones de euros fijada por el juez en concepto de responsabilidad civil.
Al menos dos de los cinco imputados han recurrido esta fianza, el exdirector general Roberto López y el exdirector de Recursos Vicente Soriano, según han informado fuentes jurídicas. El resto de imputados -el expresidente de la CAM Modesto Crespo, la exdirectora general María Dolores Amorós y el exdirector de Planificación Teófilo Sogorb- podrían sumarse al recurso en los próximos días.
Los administradores del FROB decidieron expulsar a la que hasta entonces había sido su directora general El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez impuso en el mes de julio una fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los cinco imputados por supuestas irregularidades en la gestión de la CAM. Todos ellos están acusados de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida, y todos han negado ante el juez su responsabilidad en la quiebra de la caja.
La fianza había sido solicitada por los responsables judiciales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), gestor de la CAM desde su intervención, y se suma a la decisión de retirar el pasaporte a Amorós y López Abad ante el riesgo de fuga.
El Banco de España sustituyó a los gestores de Caja Mediterráneo el 22 de julio de 2011 y, tres semanas después, los administradores del FROB decidieron expulsar a la que hasta entonces había sido su directora general. El abogado Diego de Ramón presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra sus antiguos directivos, que ha sido admitida a trámite y a la que posteriormente se han incorporado la plataforma de afectados por la caja y el propio FROB.
Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas, hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
La pena a la que podrían enfrentarse los imputados, es a la inhabilitación de los directivos por un periodo de hasta diez años en cualquier cargo dentro de entidades de crédito o de la administración, en función del puesto que ocuparan.
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