El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha dicho este viernes que el gobierno del PP "está al servicio del Opus Dei" y ha considerado que habría que "elevar a rango de ley que personas que pertenezcan a pseudosectas como el Opus Dei no puedan ocupar responsabilidades públicas".
¿Debería prohibirse por ley que miembros del Opus ocupen cargos públicos?
Sí, porque su ideología puede influir mucho en sus decisiones públicas.
No, cada uno puede tener la creencia religiosa que elija.
Si se prohíbe por ley a miembros del Opus, habría que hacer lo mismo con seguidores de vertientes más extremas de otras religiones.
Así lo ha manifestado el líder de los socialistas madrileños, en relación a la polémica generada en las últimas semanas en torno a posibles reformas en la ley del aborto, durante su visita al término municipal de El Boalo-Cerceda-Mataelpino para mantener un encuentro con responsables políticos de la zona.
El Opus es prácticamente una secta, es una pseudosecta"Me parecen preocupantes las posiciones de integrismo religioso que tiene el Gobierno del Partido Popular. Lo veíamos hace unos días con la propuesta de ley de interrupción voluntaria del embarazo del señor Ruiz-Gallardón. Esto es lo que ocurre cuando en los gobiernos se introduce gente del Opus Dei", ha dicho Gómez.
A su juicio, "cuando el Opus Dei marca ideológicamente a un gobierno ocurren cosas como ésta. El Opus es prácticamente una secta, es una pseudosecta. En este país habría que hacer una reflexión, creo que habría que hacerla en el Congreso de los Diputados y elevar a rango de ley que personas que pertenezcan a pseudosectas, como el Opus Dei, no puedan ocupar responsabilidades públicas".
Ello porque "luego dicen y hacen burradas como las que decía y hacía el señor Cotino o muchas de las que está imponiendo ideológicamente el Gobierno del Partido Popular, que está al servicio en muchas ocasiones del Opus Dei y de grupos similares", ha continuado.
Gómez se ha referido así a las declaraciones del presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, que volvió a defender el pasado 1 de agosto que aquellas mujeres que quieran abortar vieran obligatoriamente, antes de hacerlo, una ecografía del feto y se les planteen distintas opciones y alternativas para seguir con el embarazo.
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