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El Departamento de Salud de la Generalitat apenas ha registrado incidencias este miércoles, en las primeras horas de cobro automático del nuevo sistema de repago en la dispensación de medicamentos en las farmacias catalanas.
"Está funcionando todo con normalidad y estamos resolviendo las pocas incidencias que siempre ocurren al principio de instalar un nuevo sistema", ha asegurado el gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Antoni Gilabert.
Las farmacias de Cataluña han empezado este miércoles a cobrar a los asegurados activos las aportaciones que les corresponden en función del nuevo sistema de repago estatal, que entró en vigor hace un mes pero que se sustituyó por un sistema transitorio que difería los pagos.
En el caso de los pensionistas, ese sistema provisional se mantiene y no será hasta el mes de octubre cuando pasarán a repagar los medicamentos en el momento que los retiren de la farmacia.
Las aportaciones de los asegurados pasan a ser del 40%, 50% o 60% según la renta declarada en 2010Ante el poco margen para adecuar los sistemas informáticos para aplicarlo en su integridad, la Generalitat optó por diferir las nuevas cuotas de los fármacos dispensados durante julio para reclamarlas a partir de septiembre, tanto a los asegurados activos como a los pensionistas.
"Esta solución de escalonar los pagos es menos gravosa, porque se evita que los pensionistas superen las cuotas máximas al mes, y ha evitado problemas técnicos, teniendo en cuenta el gran volumen de recetas que tramita al día el sistema (unas 500.000)", ha agregado Gilabert.
Hasta el pasado mes de julio, los asegurados activos pagaban el 40% de los medicamentos, pero con la nueva normativa del Gobierno las aportaciones pasan a ser del 40%, 50% o 60% en función de la renta declarada en 2010, mientras que los parados están exentos del repago.
A estas cuotas se suma, en el caso de Cataluña, el euro por receta que la Generalitat aplica desde el pasado 23 de junio y que deben abonar todos los ciudadanos, excepto los beneficiarios de la renta mínima de inserción, quienes reciben una pensión no contributiva y los beneficiarios de la ley de integración social de minusválidos y del fondo de asistencia social, unas 127.000 personas.
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