Las nuevas medidas, que según el Gobierno persiguen que la financiación a la Iglesia sea una decisión expresa de los contribuyentes, aumentan la aportación voluntaria del IRPF desde un 0,52% a un 0,7%. Además, la institución quedará sujeta al pago del IVA cuando realice compras de bienes, una exigencia de la Unión Europea.
Por otro lado, deberá también presentar una memoria justificativa de sus gastos correspondientes a su asignación del IRPF.
'El acuerdo sin duda viene a introducir mayor transparencia al sistema y además vincula los ingresos de la Iglesia Católica de manera directa y expresa a la voluntad de los contribuyentes', dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
'El Gobierno entiende que es un acuerdo muy importante que sienta las bases definitivas para avanzar en el camino de la autofinanciación de la Iglesia Católica en España', agregó.
La Conferencia Episcopal, tras varias horas en las que evitó pronunciarse al asegurar que desconocía el texto, emitió un comunicado en el que confirmó lo notificado por el Ejecutivo.
'Estos puntos de acuerdo son suficientes para que la ayuda, que ahora se recibe totalmente a través de la voluntad de los contribuyentes, pueda seguir manteniendo el mismo nivel, ni más ni menos', dijo Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de los obispos.
El acuerdo entrará en vigor con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado en 2007.
La vicepresidenta se remitió a los acuerdos sobre asuntos económicos firmados en enero de 1979 con la Santa Sede, que establecían que el Estado se comprometía a colaborar con la Iglesia Católica 'en la consecución de su adecuado sostenimiento económico'.
Ese acuerdo ya preveía que el sistema de asignación tributaria, que no se aplicó hasta 1988, fuera sustituyendo progresivamente a la aportación del Estado, algo que no se ha realizado hasta ahora.
Según datos de la Conferencia Episcopal Española, el total de la asignación tributaria de la Iglesia por parte de los contribuyentes ascendió en el año 2005 a unos 128,7 millones de euros, mientras que el Estado aportó unos 141,5 millones de euros.
/Por Raquel Castillo/
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