La Audiencia Nacional ha rechazado intervenir judicialmente Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y sustituir el actual equipo gestor por un administrador, como pedían UPyD y el 15-M para evitar una posible destrucción de pruebas.

Según el juez Fernando Andreu,  la intervención no se justifica por evitar la continuación delictiva puesto que la actual administración de Bankia "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación", así como que Bankia es, de facto, una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el FROB.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso el pasado miércoles a la petición y advirtió que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. El Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.

La medida había sido solicitada por UPyD y 15-M que defendían que la sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos riesgos para los accionistas, acreedores y trabajadores y la continuación del perjuicio para los afectados. Ponían también de manifiesto que la intervención eliminaría el peligro de destrucción de pruebas.

El auto subraya que la misión del juzgado es investigar los hechos denunciados y proteger, en la medida de lo posible, a los perjudicados, pero no "realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia" ni "generar confianza en los mercados", como han sugerido los querellantes.

Así, considera que la intervención judicial no es un instrumento "adecuado" para proteger a los posibles perjudicados (trabajadores y acreedores), ya que su objetivo no es ni evitar la destrucción de pruebas ni garantizar las responsabilidades civiles como se había alegado.

Respecto a la actual dirección, el juez apunta que "ninguna de las personas físicas querelladas" se encuentra actualmente en la gestión de las entidades y, de hecho, no se ha aportado "indicio alguno" de que la actual dirección "pueda seguir cometiendo los hechos denunciados".

La decisión del juez coincide con la opinión de los 33 exdirectivos acusados y de la propia Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a la intervención judicial de las entidades en la vista celebrada el pasado miércoles al considerarla "una temeridad" que pondría en riesgo al banco y al propio país.

El pasado mes de junio, UPyD presentó una querella de acción popular contra todos los consejeros de Bankia y BFA en el momento de la salida a Bolsa de la primera, a la que posteriormente se sumó el movimiento 15-M en representación de varios accionistas.

El juez Andreu admitió a trámite la querella, con lo que la Audiencia Nacional imputaba a los expresidentes de Bankia y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, al exministro popular y consejero en la entidad Ángel Acebes y a una treintena de exconsejeros del grupo y su matriz, BFA.

Todos ellos están acusados de delitos de falsificación de cuentas y balances, de administración desleal o fraudulenta, de maquinación para alterar el precio de las cosas y de apropiación indebida, unos cargos que, según el Código Penal, podrían suponer unas penas de prisión de entre uno y seis años.

Además, tanto UPyD como el 15-M pedían como medida cautelar la intervención judicial de las entidades con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas, algo que ha sido rechazado ahora por la Audiencia Nacional.