Bush cede en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo

El acuerdo entre la Casa Blanca y los tres pesos pesados del Senado puso fin a días de negociaciones y parece despejar el camino para que el Congreso apruebe la legislación que establece los juicios para sospechosos extranjeros en la base naval estadounidense en Bahía de Guantánamo, Cuba.

Los republicanos John Warner (Virginia), John McCain (Arizona) y Lindsey Graham (Carolina de Sur) habían liderado el embate contra el proyecto de Bush, diciendo que podría haber permitido abusos en los interrogatorios por parte de la CIA y juicios parciales.

Graham dijo que el compromiso dio lugar a 'un programa para la CIA que el presidente deseaba tener de una manera que no viola nuestras obligaciones bajo la Convención de Ginebra', que establece el trato humano a prisioneros de guerra.

Bush se mostró conforme con el acuerdo, y dijo que permitiría a la CIA continuar con una política que es vital para la seguridad de Estados Unidos tras los ataques el 11 de septiembre de 2001.

El presidente necesitaba la legislación después de que en junio el Tribunal Supremo fallara que su proyecto original para juzgar a sospechosos extranjeros no cumplía los estándares judiciales. Bush ha negado en varias ocasiones las acusaciones sobre métodos de tortura empleados en los interrogatorios.

'Estoy feliz de decir que este acuerdo preserva la (...) más potente herramienta que tenemos para proteger a Estados Unidos y desbaratar ataques terroristas, que es el programa de la CIA para interrogar a los más peligrosos terroristas internacionales y obtener sus secretos', dijo Bush sobre el acuerdo.

En viaje a Florida, Bush señaló que esperaba que el Congreso le enviara la legislación antes de que inicie la próxima semana una gira para apoyar la campaña de los candidatos a las elecciones legislativas del 7 de noviembre.

El compromiso aclararía qué constituye un crimen de guerra bajo las leyes estadounidenses.

Con el acuerdo, Bush 'no puede rebajar unilateralmente' las normas internacionales, dijo Elisa Massimino, de Human Rights First. Agregó que el Ejecutivo fracasó en su intento de 'eludir las prohibiciones contra la tortura (...) argumentando que las normas son flexibles'.

Sin embargo, la organización American Civil Liberties Union atacó el acuerdo, indicando que 'no protege el debido proceso' y 'no cumple con las obligaciones del tratado internacional'.

Los demócratas, la minoría en el Congreso que apoyó moderadamente la rebelión de los senadores republicanos, dijeron que aún tienen reparos porque la ley priva a los detenidos de los derechos del hábeas corpus, y anunciaron que tratarán de reparar ese punto cuando el proyecto llegue al Senado y la Cámara de Representantes la semana próxima.

McCain prefirió evitar explayarse sobre quien había prevalecido en la confrontación con la Casa Blanca, diciendo: 'Todos somos ganadores porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo a través del proceso de negociaciones y consenso'.

/Por Vicki Allen/.*.