Algunas de las autonomías preferidas por los turistas nacionales, entre ellas Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, se preguntan por qué deben costear cada año la atención médica a los veraneantes, y esperan un fondo de compensación que las alivie de sufragar los "males" de los viajeros.
El Ministerio de Sanidad trabaja en una reforma del fondo de garantía asistencial que garantice un sistema nacional de salud más sostenible y que podría incluir, además de las compensaciones para desplazados y usuarios de las comunidades autónomas limítrofes, los gastos que generan los turistas.
La Comunidad Valenciana ha liderado la pugna por un sistema que compense los cerca de 165 millones de euros que destina anualmente y sin compensación ninguna a la salud de los visitantes nacionales, una reivindicación que comparten Cataluña, Murcia y Baleares pero que es vista con escepticismo desde la también turística Andalucía.
Andalucía, en contra
"Nosotros creemos en la universalidad de la asistencia sanitaria y en la libre circulación de los ciudadanos españoles, y eso implica no hacer distinciones", sostiene el subdirector de gestión de la Consejería andaluza de Salud, José Manuel Galiana, quien asegura que no entiende a las comunidades que reclaman esos fondos.
Explica que la mayoría de las atenciones a turistas son a través de los servicios de urgencias, en donde "ni se factura al usuario ni se le va a pedir ninguna tarjeta", y asegura que Andalucía ni sabe ni piensa calcular cuánto cuesta atender a los turistas nacionales.
Pese a ello, cada año se refuerza la atención sanitaria en las zonas costeras, desde Huelva hasta Almería, con más de cien médicos y la misma cifra de enfermeros.
La Comunidad Valenciana denuncia ser una de las más perjudicadas por el sistema de financiación actual, y defiende que, aunque "todos somos iguales", cada uno debe pagar lo suyo, o el Estado compensar el sobrecoste de quienes más pagan.
"Los valencianos pagan los servicios a otras personas que aportan sus impuestos a otras comunidades", reclamó en abril el presidente valenciano, Alberto Fabra. Ese territorio aspira a recuperar en torno a cien millones cada año del gasto con el futuro fondo para sanidad.
La procedencia de los pacientes
Mientras que otras autonomías no controlan a cuántos españoles de otras CCAA atienden, la Comunidad Valenciana cuenta con un sistema de procesamiento de datos en el que se recoge la procedencia de los pacientes. "El problema es que no todos pueden contabilizarlo, pero nosotros sí y por eso lo pedimos", explican fuentes de la consejería valenciana de Sanidad.
El problema es que no todos pueden contabilizarlo, pero nosotros sí y por eso lo pedimosTambién Murcia ha sido de las más activas en la reivindicación de la creación de un fondo de compensación para las autonomías con más turismo, aunque aseguran que es "difícil" concretar el coste porque "hay que sumar el gasto en recetas, la contratación de personal para reforzar las consultas y el mantenimiento y las emergencias".
No obstante, fuentes de esa autonomía han indicado que en julio y agosto de 2011 el Servicio Murciano de Salud (SMS) atendió a 121.495 personas en el dispositivo de atención sanitaria a desplazados, compuesto por 34 consultas médicas y 35 de enfermería.
También Cataluña considera que no está compensado el gasto por la atención sanitaria a turistas. "No se tiene en cuenta que los flujos turísticos no son los mismos en todas las comunidades autónomas, y nosotros tenemos que reforzar nuestros dispositivos sin recibir nada a cambio", ha explicado Francesc Brosa, subdirector de CatSalut.
"Un arma de doble filo"
Pese a que en Canarias el flujo turístico es principalmente internacional, fuentes del Gobierno autonómico señalan que su apuesta es ofrecer atención primaria a quienes previamente acrediten su residencia temporal en el archipiélago.
En este sentido, consideran que asistir a quienes necesitan directamente atención hospitalaria puede convertirse en un "arma de doble filo" porque las comunidades con más poder de atracción arrastran financiación de las que están peor dotadas.
Las comunidades asumen el coste de velar por la salud de sus turistas en un año en que la mala situación de sus cuentas públicas hace que cualquier reclamación de financiación cobre más fuerza que nunca.
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