El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha expresado su rechazo a la venta de acciones del Gobierno autonómico en Euskaltel y ha advertido del "riesgo" de que el centro de decisión de la empresa salga de Euskadi.

Agirrezabala, a través de un comunicado, ha explicado su oposición a la decisión adoptada por el Parlamento vasco de habilitar agosto con el fin de analizar si avala o no la decisión del Ejecutivo autonómico de vender una parte de sus participaciones en la empresa de telecomunicaciones.

El representante de EA ha destacado la "importancia" de garantizar el control público de la operadora y ha anunciado que presentará alegaciones a la operación. Por ese motivo, se ha opuesto en la Junta de Portavoces celebrada este jueves a que el Parlamento habilite el mes de agosto para avalar dicha operación.

En caso de cumplirse los objetivos del Gobierno vasco de reducir su participación en Euskaltel hasta que ésta sea inferior al cinco por ciento, ha asegurado que eso significaría "una pérdida de patrimonio público".

A su juicio, también evidenciaría que el Ejecutivo "renuncia a sus posibilidades de control, tutela y seguimiento" de la actividad de la compañía. Agirrezabala ha alertado de que "esa renuncia del Gobierno y el hecho de que también Kutxabank pretende vender hasta la mitad de sus acciones en Euskaltel, pone en peligro la permanencia de los centros de decisión" de la compañía en Euskadi.

En caso de confirmarse este desplazamiento del centro de decisión, se produciría "el empobrecimiento económico del país", ya que "si Euskaltel pasa a tomar sus decisiones estratégicas fuera de Euskal Herria, esas decisiones responderán a intereses ajenos a la sociedad vasca, que perdería así una empresa comprometida con su bienestar y desarrollo económico".

Agirrezabala ha lamentado que el plan del Gobierno vasco cuente con "el aval del PNV y el PP", tras lo que se ha mostrado partidario de mantener el peso del Ejecutivo en Euskaltel y de posibilitar un escenario que permita el control público de la operadora y garantice un servicio público acorde a los intereses de la ciudadanía.