La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha alertado a la Administración del riesgo que pueden conllevar para el colectivo al que representa los recortes que se están efectuando a todos los niveles en servicios sociales, sanidad, dependencia, educación y empleo.
Así, la entidad ha destacado los "bajos" ingresos que tienen las personas con discapacidad en relación con la población en general (un 25% más bajos), más de la mitad en una situación de pobreza extrema.
Además, han señalado que en España hay 21.200 personas con discapacidad que viven al mes con una pensión no contributiva, (357,70 euros/mes), un dato "muy inferior" a lo aceptado como umbral de pobreza (627 euros/mes) y al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532,5 euros mensuales.
"Estos datos demuestran que hay un submundo dentro de la discapacidad, son personas que difícilmente pueden pasar cada mes al recibir unos ingresos irrisorios que en nada pueden apoyar su autonomía personal e integración social", ha denunciado el presidente de COCEMFE, Mario García.
Consideran "ineludible" rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo Además, COCEMFE ha incidido en "el sobreesfuerzo económico" que tienen que hacer las personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de vida, a lo que se tiene que sumar las subidas de tasas e impuestos, los recortes sociales y copagos que las administraciones están llevando a cabo, "causando un serio perjuicio tanto a la integración y normalización de este colectivo como a su situación financiera".
En esta línea, Mario García ha señalado que el Ejecutivo "debería aumentar los niveles de protección de las personas con discapacidad, en lugar de que sean las primeras en verse afectadas por los recortes y promover medidas estructurales que apuesten por la inclusión social del colectivo, luchando decididamente contra las discriminaciones en el ámbito laboral y educativo, el paro y la precariedad laboral".
Asimismo, la entidad ha destacado que la tasa de personas con discapacidad que han terminado estudios secundarios o superiores representa menos de la mitad que la población en general (el 12% frente al 30%). Por ello, ha incidido en la importancia de potenciar que este colectivo alcance el nivel de estudios secundarios, ya que "al incrementar las opciones de encontrar un empleo y el acceso a niveles educativos más altos, tendría también la posibilidad de obtener remuneraciones económicas más elevadas".
COCEMFE apuesta así por una iniciativa firme por la incorporación de este colectivo al empleo, ya sea ordinario, con o sin apoyo o protegido, destacando las desigualdades existentes, con una tasa de actividad del 36,2%, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
Por ello, Mario García considera "ineludible" rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo, donde las aportaciones del Estado son "imprescindibles" para su sostenibilidad y funcionamiento, y que se cumplan las leyes en materia de integración de este colectivo, como es la LISMI, que "la mayoría de las empresas incumple reiteradamente sin ningún miramiento".
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