El Ayuntamiento convirtió unos terrenos de uso terciario (oficinas, comercios...) en residencial para construir al menos 309 viviendas. Lo hizo con el procedimiento llamado estudio de detalle, rechazado por el TSJ al entender que con ese trámite no se pueden cambiar las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y es necesaria una unidad de actuación.
Convenio anulado
El Tribunal también ha echado para atrás el convenio que el Ayuntamiento firmó con la empresa Galba para desarrollar estas tres parcelas. Con el acuerdo, la empresa se comprometía a ceder una de ellas para ubicar un colegio, el cual se ha estrenado este año, aunque aún falta la segunda fase. Por su parte, el Consistorio facilitaría otro terreno para levantar unas 200 viviendas, puesto que la previsión inicial de Galba era construir 500 pisos, pero la Comisión Territorial de Urbanismo sólo autorizó los 309.
La presidenta de la asociación, Clara González, mostró su satisfacción por la sentencia y pidió al alcalde que cumpla «fielmente» la legalidad.
Concejales del PSOE, patrimonio
Los concejales del PSOE en Arroyo mostraron ayer sus propiedades y bienes, y retaron al PP a hacer lo mismo. Dicen que quieren despejar así cualquier duda en el Ayuntamiento.
Alta fianza, nueva protesta
Los concejales socialistas, al mostrar sus bienes, también se quejaron por la alta fianza solicitada para personarse en la investigación de la recalificación del SAU-9, la más alta pedida en Valladolid.
Sigue la investigación en el SAU-9
El juez mantiene abierta la investigación para aclarar si hubo delito en la recalificación del SAU-9 para edificar 2.984 pisos. El cambio de uso del suelo fue solicitado por la constructora Mahía.


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