Los funcionarios de prisiones de Gran Canaria vuelven a la calle para protestar contra los recortes

Más de 60 funcionarios de prisiones de Gran Canaria han vuelto a salir este viernes a la calle para manifestarse en contra de los recortes anunciados por el Gobierno central y lo han hecho frente a los centros penitenciarios de Las Palmas I, en Las Palmas de Gran Canaria, y Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana.

Más de 60 funcionarios de prisiones de Gran Canaria han vuelto a salir este viernes a la calle para manifestarse en contra de los recortes anunciados por el Gobierno central y lo han hecho frente a los centros penitenciarios de Las Palmas I, en Las Palmas de Gran Canaria, y Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana.

En declaraciones a Europa Press el representante de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y de la Unión Sindical Obrera (USO), Juan Manuel Alacid, ha afirmado que los funcionarios de prisiones seguirán movilizándose en contra del ajuste económico durante las jornadas que se establezcan dentro del calendario de movilizaciones en la reunión del próximo 24 de julio, en Madrid, entre los principales sindicatos del área.

Desde el funcionariado de prisiones se solicita que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconsidere la supresión de la paga extra, ya que señalan que afectará "a todos los ciudadanos". En este sentido, Alacid ha explicado que "si cuatro millones de personas no consumen, se va a generar más paro y más pobreza".

Además, ha acusado a los poderes políticos de recortar "siempre al eslabón más débil" en vez de realizar ajustes de plantilla de asesores, cargos políticos o reducir los sueldos de los alcaldes.

Prisiones con carencia

Por otra parte, ha criticado el estado de las prisiones de la isla, en donde Las Palmas I tiene una "carencia" de 200 funcionarios para completar su plantilla, mientras que en Salto del Negro apuntaba a la necesidad de más personal.

Alacid ha advertido que dicha carencia en plantilla se ha intentado paliar con la contratación de empresas de seguridad para la vigilancia exterior que desde la Administración local han creído una solución "más barata" porque "el vigilante cobra menos que el funcionario".

Contrario a esta medida, el representante de Acaip-USO ha afirmado que el gasto es "más caro" porque, además de pagar al vigilante de seguridad, la empresa a la que pertenece también cobra por la prestación del servicio. Además, ha asegurado que el funcionario de prisiones está "mucho más preparado".

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