El Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno para crear la Unidad de Inspección de Medios de Comunicación, que tendrá como objetivo asegurar el cumplimiento de la legalidad de los medios de comunicación social.

Esta nueva unidad, que se integrará en la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, servirá para que el Ejecutivo autonómico lleve a cabo las competencias atribuidas a la administración pública del archipiélago en la materia y estará compuesta por un jefe de Servicio, dos inspectores, dos instructores y dos jefaturas de Negociado, según ha informado el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.

Respecto a las funciones asignadas a la Inspección de Medios de Comunicación consistirán en la verificación de las condiciones de la emisión y/o recepción de los servicios de comunicación audiovisual y del cumplimiento de las obligaciones, así como de los compromisos derivados de la correspondiente licencia.

Asimismo, será la responsable de las comprobaciones, constataciones, medias, exámenes, análisis, controles o pruebas necesarias para el ejercicio de las facultades que comprende la inspección a los medios de comunicación social.

También se encargará de estudiar, analizar y recopilar toda la documentación para atender la reclamación, queja o denuncia de la inspección a efectuar, así como la realización de visitas de inspección, de comprobación y la posterior emisión de informes.

Otra de las facultades que el Gobierno de Canarias cede a la Inspección de Medios son el acceso, la comprobación y el examen de instalaciones, documentos, libros y registros de las empresas comunicativas, actividades y establecimientos de prestación de servicios de comunicación audiovisual, así como la obtención de copias de los mismos.

En esta línea, la unidad tendrá capacidad para constatar el cumplimiento de los deberes y obligaciones legales y reglamentarias de dichas empresas y la de verificar la existencia de infraestructuras de los servicios obligatorios.

Finalmente, podrá obtener y canalizar la información de cualquier clase relativa a la situación real de los servicios de comunicación audiovisual, así como de cualquier otra función inspectora que legal o reglamentariamente se atribuya.