El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) de Andalucía, Ceuta y Melilla ha elaborado un informe en el que denuncia que la Junta de Andalucía ha recaudado, desde mayo de 2011 a mayo de 2012, más de 63 millones de euros a través del cobro del 'canon autonómico' incluido en la factura del agua para financiar obras que no han recibido ninguna inversión.

En un comunicado, este organismo asegura que este cálculo es incluso "muy a la baja" y subraya que, pese al cobro realizado por la Junta a los ciudadanos, "paradójicamente, todas las obras de depuración gestionadas por la Agencia de Medio Ambiente y Agua están reprogramadas por falta de fondos".

El Colegio de Ingenieros se ha preguntado "dónde van a parar los millones que mes a mes siguen encareciendo los recibos de todas las familias de Andalucía" y cómo es posible que se reprogramen estas obras habida cuenta de que para el año 2015 todas las aguas de Andalucía tienen que ser depuradas atendiendo a la Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000. Según sus cálculos, si se mantiene esta política recaudatoria, en los próximos tres años se habrán cobrado más de 300 millones de euros.

El 'canon autonómico', o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad, se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía 9/2010 de 30 de julio y grava la utilización de agua de uso urbano directamente en la factura o recibo de cada ciudadano y los fondos recaudados deben destinarse a financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento y que, según el Colegio de Ingenieros, "se han quedado en papel mojado".

La mayoría se localizan en la provincia de Granada, donde, según señala el estudio del Colegio, la antigua Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no licitó ninguna obra de depuración durante los años 2010, 2011 y lo que llevamos de 2012, "política no inversora que continua la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aunque sí les ha cobrado a los ciudadanos para ello".

Datos de granada

Estos datos se desprenden del primer 'Informe sobre la Situación de la Depuración de las Aguas Residuales' elaborado por el CICCP que ha comenzado en Granada, donde se ubica su sede regional, y que señala que solo el 54 por ciento de la población granadina depura sus aguas. Un total de 428.514 habitantes no están conectados a ninguna planta depuradora y sus aguas residuales se vierten sin tratar a ríos, acequias y pozos, incurriendo los municipios en sanciones por vertido que superan el millón de euros anual y que los ayuntamientos deberán sacar de sus presupuestos. De los 168 municipios de la provincia, únicamente 59 cuentan con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) en alguno de sus núcleos de población.

De acuerdo con el informe, entre los municipios con más de 15.000 habitantes, tan sólo disponen de depuradora Granada, Motril, Almuñécar, Baza, Loja y Guadix. Sin embargo, Albolote, Armilla, Maracena y La Zubia no depuran sus aguas pese a que, como obliga la Directiva 91/271/CEE del Consejo de la Comunidad Económica Europea del 21 de mayo de 1991, deberían disponer de una Edar desde el año 2000.

En el Área Metropolitana de Granada, la depuración es "casi inexistente" ya que de los 32 municipios que la componen sólo depuran sus aguas Granada, Cenes de la Vega, Huétor Vega y Pinos Genil, que engloban al 49 por ciento de la población de esta zona. El resto de los municipios vierten sus aguas residuales directamente a las acequias y ríos que riegan la Vega de Granada, subraya el informe.

Para el Colegio, otro hecho "alarmante" es que en algunos municipios se cobra "injustamente" a los ciudadanos en su recibo de agua un canon de depuración por explotación de la Edar pese a no existir depuradora. Es el caso de Armilla, entre otros, donde se están facturando anualmente en torno a 200.000 euros con cargo a este concepto. Asimismo, existen municipios como Peligros o Pinos Puente, donde se está gravando a las familias con una tarifa de Vertidos, sin que este concepto esté recogido en sus ordenanzas fiscales.